Minería e Hidrocarburos podrían aportar US$ 200 mil millones en inversiones
viernes 25 de julio de 2014, 02:04h
Proyectar inversiones a 10 años:
El futuro de la República Argentina de los próximos 10 años
será venturoso siempre y cuando, exista la voluntad de comprender que es
imprescindible romper con el aislamiento que exhibe nuestro país en su política
y macroeconomía.
Todo dependerá, si como país, sabemos encaminarnos hacia un
desarrollo armónico donde, principalmente las actividades primarias y
manufactureras, relacionadas con la agricultura, la ganadería, la industria
automotriz, petrolera y minera, constituyan una plataforma integradora, que se
presente al mundo, con perfiles sustentables y jurídicamente sólidos.
El éxito del desarrollo productivo dependerá,
necesariamente, de políticas que promuevan las inversiones y de la articulación con la infraestructura, energética, vial, ferroviaria
y de comunicaciones. Estos aspectos se presentarán ante el mundo como
indispensables.
Nuestro país demandará de grandes inversiones, las que
mayoritariamente corresponderán a empresas de capitales transnacionales, que son las que están capacitadas financiera
y técnicamente, para desarrollar los emprendimientos de riesgo exploratorio y
de desarrollo productivo, que requieren la industria petrolera y minera
Nacional.
Es hora de
federalizar el desarrollo, y aliviar además la carga impositiva a quienes han
realizado, hasta el momento, el mayor esfuerzo productivo, como lo son
la agricultura y la ganadería.
En la actualidad,
las regiones Pampeana y Mesopotámica representan casi el
60% de la población económicamente activa,
de la infraestructura existente y
de la radicación poblacional.
Esta situación ha consolidado, a medias, el desarrollo
comunitario y productivo actual, de estas regiones, aunque resten
saldar aún, grandes deudas sociales.
Es necesario incrementar las alternativas productivas tanto
primarias como industriales, para que ellas actúen como polos de desarrollo
sustentables, en el resto del territorio Nacional.
El gigante dormido
Las explotaciones gasíferas, petroleras y mineras, serán, en
los próximos diez años, las actividades productivas principales que
garantizarán el asentamiento poblacional y de infraestructura, en el Noroeste, Nuevo Cuyo y en la Patagonia Argentina.
Ahora bien, sólo la
previsibilidad política, institucional,
social, económica y de protección ambiental, nos facilitará el desarrollo
armónico de estas inversiones, fundamentalmente, de las extranjeras.
De las tres actividades productivas mencionadas, en los
próximos 10 años, sólo la minería, requerirá inversiones, de exploración de aproximadamente
5.000 millones de dólares y de
inversión, para la puesta en marcha de
nuevos emprendimientos productivos, una cifra cercana a los 45.000 millones de
dólares.
Con respecto a la actividad petrolera y gasífera,
considerando el desarrollo productivo no convencional de Vaca Muerta, se
requerirán, no menos de 150.000 millones de dólares, en la próxima década.
Ahora bien, vale preguntarnos: ¿Estaremos dispuestos a
promover, con un marco de estabilidad apropiado las inversiones
extranjeras? ¿Seremos capaces de definir
una Política de Estado para estos desarrollos productivos?
Permítanme dudar.
Cuando el ex presidente Néstor Kirchner, se hizo cargo del
gobierno, allá por mayo de 2003, fijó como premisa, en su diagnóstico, que las
empresas privatizadas, en la década de los 90, principalmente las de servicios,
que eran operadas en su gran mayoría por capitales extranjeros, habían obtenido
demasiadas ganancias..
Producto de este pensamiento, consideró que era adecuado
aplicar una política de congelamiento de
precios, buscado así,
nacionalizar las tarifas de los servicios públicos.
El gobierno, demagógicamente, supo interpretar en esas decisiones, el
sentir negativo de la opinión pública nacional, en particular de su clase
media, respecto a la actitud a asumir, ante la inversión extranjera.
Así entonces, unilateralmente, el Gobierno argentino,
incumplió las condiciones contractuales y las empresas, como resultado de esta decisión, comenzaron un gradual
proceso de desinversión, que desembocó
en el actual colapso energético, de la infraestructura básica y de
comunicaciones.
Producto del déficit energético, el país derrama hoy importantes divisas, estimadas en US$ 15.000
millones al año, para lograr el abastecimiento externo, mediante la importación
de combustibles líquidos y gaseosos.
A esta acción de gobierno, la sociedad argentina, en una
gran mayoría le dio un apoyo manifiesto, aun sabiendo que, tarde o temprano,
este accionar, actuaría como un
"boomeran", que finalmente afectaría la percepción efectiva, de los
servicios en cuestión.
Otro hecho, más reciente y de similar comportamiento social,
ha sido la confiscación de Repsol YPF, donde
gran parte de la sociedad y sus políticos se pronunciaron a favor del
hecho, sin importar el fondo, ni las formas.
Estos acontecimientos nos muestran que, de mantenerse el
mismo comportamiento, será muy difícil transmitir confianza a los inversores extranjeros, para que éstos,
trasladen sus capitales a nuestro país.
Producto de este penoso accionar político, con acción y
omisión social, nos encontramos hoy,
cerrados al mundo, en estanflación y con un gobierno que sólo atina a aumentar
el gasto público, tratando de revivir el consumo interno, jaqueado por la inflación y la inexistencia
de financiamiento.
Tanto las voces del oficialismo, como de la oposición, con
posibilidades de acceso al futuro gobierno, manifiestan la necesidad de
cambios, principalmente, en lo que atañe a nuestra relación con el exterior y a
la posibilidad de fijar políticas que fomenten la credibilidad y la promoción
de inversiones.
Desde esta perspectiva, los recursos petroleros, gasíferos y
mineros, aparecen como un camino a recorrer y fortalecer.
Sólo la sociedad y sus representantes, deberán asegurar el futuro accionar en estos temas,
para ello resulta esencial la confección de un Acuerdo Federal, que deberá ser
revalidado por la Nación y las Provincias Argentinas, propietarias de estos
recursos naturales, con sus Municipios.
Este mandato, sólo
tendrá sustentabilidad social, si la
mayoría de las fuerzas políticas
logran consenso, y producto de él,
desarrollan un marco jurídico armónico y estable, entre el Estado, la Sociedad y los
Inversionistas.
La conjugación de estos actores, permitirán experimentar la obtención de una
licencia social duradera, que habilite
el uso racional de los recursos naturales, con un claro objetivo, el de lograr
el crecimiento y consolidación económica y social de nuestro país, más allá de
la Pampa Húmeda.
Por Daniel Meilán
Ex secretario de Minería de Argentina. Consultor en
inversiones mineras