Publicó en twitter la carta enviada a Griesa
Cristina reiteró que quiere cumplir con todos sus acreedores
lunes 23 de junio de 2014, 23:50h
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en su
cuenta de Twitter la carta que el gobierno entregó al juez neoyorquino Thomas
Griesa, en la que subraya que Argentina "quiere seguir honrando" sus
compromios y cumplir con "el 100% de los acreedores".
El escrito, presentado por el abogado Carmine Bocuzzi Jr,
solicita el restablecimiento de la
medida suspensiva (stay) fijada por la Corte de Apelaciones de Nueva York en su
momento, para que Argentina pueda cumplir con el pago de los próximos
vencimientos de la deuda restructurada, previsto para el 30 de junio, e iniciar
conversaciones con los holdouts.
El twit de la Presidenta tiene la leyenda "Dialogando
de buena fe" y lleva como adjunto el escrito presentado por los abogados
escrito en inglés.
En el documento que se dio a conocer tras su presentación en
el juzgado de Griesa, el Gobierno afirmó que la Argentina "ha honrado sus
obligaciones, incluyendo a los bonistas reestructurados, y quiere seguir
honrándolos cumpliendo con el 100% de los acreedores" y en consecuencia
solicitó "que otorgue este stay para brindar la posibilidad de iniciar
negociaciones de buena fe entre Argentina y sus acreedores".
Según la traducción del escrito que el abogado Carmine D.
Boccuzzi Jr presentó a las 14.40 (hora de Nueva York, las 13.40 en Argentina)
se destacó en su primer párrafo que "la República Argentina tiene la
voluntad de negociar de buena fe" y que "respetuosamente solicita una
medida suspensiva ("stay") de los Amended Injunctions [medidas cautelares] que
le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo
razonable para este tipo de negociaciones".
En el escrito también se detalló que "recientemente, la
República ha resuelto con éxito importantes disputas, incluyendo la existente
con Repsol S.A. que había demandado a la Argentina por la expropiación del 51%
de las acciones de YPF S.A. ante el CIADI por la suma de 10.000 millones de
dólares, con las naciones miembro del Club de Paris por 9.700 millones de
dólares, con los titulares de laudos CIADI".
"Estos recientes acuerdos -que fueron producto de
extensas negociaciones y se concretaron en condiciones de cumplimiento posible
para la República, con quitas, extensión de plazos y/o reducción de tasas-
constituyen grandes avances que reflejan el foco de la Argentina con respecto a
la salida de la crisis de 2001 y la normalización de las relaciones con sus
acreedores", continuó.
El Gobieno destacó en su presentación que "todos estos
acuerdos fueron voluntarios y por tanto equitativos para las partes. Argentina
quiere salir de los litigios que han cargado sobre ella y sobre las
Cortes".
"Por ello respetuosamente solicita un stay de su
Señoría", insistió al considerar que "un stay proporcionaría un resguardo
(un "paraguas legal") para que las negociaciones tengan lugar considerando las
complejidades legales y financieras inherentes al proceso".
Al respecto, la postura argentina fue aclarar al magistrado
que "toda vez que la decisión de la Corte de Apelaciones del Second
Circuit requiere a Argentina, cuando realiza un pago de intereses sobre la
deuda reestructurada, a pagar a los acreedores el total del capital e intereses
de su deuda en default, la República no está en condiciones de pagar a los
demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no
a otros".
En ese mismo sentido, planteó que "el total adeudado a
los holdouts luego de la reestructuración de deuda de la República excede la
mitad las reservas del país. Ningún país puede utilizar la mitad de sus
reservas para hacer un pago y ser dejado sin medios para administrar su moneda,
manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población".
"Ni puede Argentina ignorar la cláusula de Derechos
Sobre Ofertas Futuras (RUFO), que adjuntamos como Anexo, que es uno de los
términos de la deuda reestructurada bajo ley de Nueva York y cuyos efectos
pierden vigencia el 31 de diciembre de 2014, ya que esto puede llevar a que en
otras jurisdicciones se entable un litigio que haga caer la reestructuración
exitosa del 92% de la deuda de la República que estaba en default",
continuó el documento.
Además, como nación soberana, Argentina "también se
encuentra sujeta a sus propios procesos constitucionales y a las leyes
sancionadas por el Congreso vigentes en materia de reestructuración de
deuda".
Por lo tanto, el país -aclaró el Gobierno- "se encuentra
comprometida a entablar un diálogo con los demandantes que pueda llevar a la
resolución de este litigio en tanto y en cuanto se den las condiciones
propicias para que la negociación contemple los intereses del 100% de los
acreedores".
En resumen de toda la exposición, "la República está
comprometida al diálogo que continuará en lo que la República aspira será una
resolución final a este litigio, y a todo el problema de la deuda externa, lo
cual constituye una cuestión de interés público para todo el pueblo
argentino".