Se trata de Jesús Muñecas
La Justicia española rechazó la extradición de un represor franquista pedido por la Argentina
viernes 25 de abril de 2014, 10:47h
Se trata del ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas,
reclamado por la jueza María Servini de Cubría en el marco de una causa que
investiga torturas infringidas a un detenido durante la dictadura franquista.
En su resolución, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal
del tribunal español explicó que los delitos de torturas que se le imputan a
Muñecas "están prescriptos".
Muñecas, de 77 años, quien participó del fallido golpe de Estado
del 23 de febrero de 1981 por el que ya fue condenado a cinco años de prisión,
está imputado por torturas a Andoni Arrizabalaga Basterrechea en 1968 en la
Comandancia de Zarautz, en el norteño País Vasco.
"En España, el delito de torturas está castigado con un
máximo de seis años de cárcel, por lo que la prescripción operaría a los diez
años desde la comisión del delito o desde que el procedimiento se dirija contra
el culpable", afirmó el tribunal.
"En este caso, la acción penal se inicio en virtud de
una querella de las autoridades argentinas interpuesta en 2012, por lo que
"ha superado crecidamente los plazos de prescripción del delito",
apuntó la resolución.
Asimismo, el tribunal sostuvo que los delitos que se le
imputan a Muñecas no pueden considerares de "lesa humanidad".
La descripción de la infracción punible no permite
"afirmar que pudiera constituir un delito de lesa humanidad (...) dado el
tenor aislado de la acción imputada sin conexión aparente con el delito de
genocidio" que se investiga en Argentina, señaló la sala del tribunal
penal español.
Por otro lado, también se rechazó la extradición de Muñecas
en virtud de la nacionalidad del reclamado, "carente de vínculo alguno con
Argentina", señaló la resolución.
Además de Muñecas, la justicia argentina reclama por la
misma causa al ex inspector Antonio González Pacheco, alias "Billy el
Niño".
La jueza argentina María Servini de Cubría reclamó a los dos
ex agentes de seguridad en septiembre de 2013, en una decisión histórica a raíz
de la querella presentada en Argentina por familiares y víctimas de la guerra
civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).