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La equidad requiere el funcionamiento pleno del estado de derecho

La equidad requiere el funcionamiento pleno del estado de derecho

Por Ricardo Lafferriere
martes 07 de enero de 2014, 18:10h
¿Es justo el reclamo de quienes cortan una arteria pública -en el caso, la Autopista Illia- con la exigencia que el Estado -o sea, los contribuyentes porteños- les entreguen 50.000 pesos a cada uno en razón de un desalojo que ha sido decretado por la justicia?
 
Seguir esta pregunta por los caminos lógicos del "sentido común predominante" conduce a un callejón sin salida. En efecto: la responsabilidad del desalojo no es del Juez -que aplica la ley- sino de quienes la han violado -o sea, los reclamantes-.
 
¿Debe entonces "premiarse" a quienes han violado la ley con un ingreso dinerario, por fuera de las normas vigentes? Es difícil decir que sí y justificar el chantaje. Y es difícil decir que no y no recibir la demonización de ese "sentido común predominante".
 
En pocos casos como éste es tan clara la contradicción del populismo impregnando las categorías culturales dominantes.
 
El derecho a una vivienda digna es un objetivo programático de la Constitución Nacional, al que son acreedores todos los habitantes de la Nación. Persiguiendo ese objetivo programático, las tres jurisdicciones del Estado -nacional, provinciales, municipales- deben realizar y realizan planes de vivienda con asignaciones de recursos discutidos anualmente en los respectivos presupuestos.
 
Estos planes definen prioridades geográficas y personales, y las leyes vigentes determinan cómo se adquiere la condición de "beneficiarios". Ahí es donde debe debatirse la procedencia de reclamos de viviendas. Es el lugar del debate de las normas de alcance general, en cualquier sociedad que reclame vivir en un estado de derecho. 
 
Inducir -o tolerar- a las personas que sufren las carencias más lascerantes  a utilizar la ley de la selva -piquetes, cortes, violencia- para obtener su derecho es la forma más "antimodélica" de construcción de una sociedad democrática justa. Con ella sólo los audaces, protegidos por mafias o sometidos a la clientelización podrían obtener satisfacción a sus reclamos. Los débiles y ancianos, los creyentes en la vigencia de las normas, los que trabajan diariamente en jornadas agotadoras para obtener con su esfuerzo el mejoramiento de su vida, son los castigados y eternamente postergados.
 
La Argentina ha tenido los diez mejores años de su historia económica, con excedentes de los que no había gozado nunca antes. Pero el déficit de viviendas es igual o mayor al comienzo de la década. Esa es la grotesca contracara de la reflexión anterior y señala el gigantesco défit de la política.
 
Observar la forma en que un conflicto como el de la Autopista Illia es utilizado como arma de combate político es igualmente grotesco e inmoral. Una inmoralidad que alcanza a toda la estructura jurídica y política de la Nación: parlamento, jueces, gobiernos. Y señala el futuro de la convivencia argentina si el estado de derecho no vuelve a regir en plenitud, con una política nuevamente volcada en moldes éticos: un país regido por la ley de la selva.
 
 
Ricardo Lafferriere  
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