Fueron recibidos por la jueza
Un grupo de españoles le pidió a Servini de Cubría que avance en la causa por los crímenes del franquismo
martes 03 de diciembre de 2013, 12:49h
Una treintena de españoles que apoya la causa abierta en
Argentina por crímenes del franquismo solicitó a la jueza argentina María Servini
de Cubría que avance en la investigación a su cargo para lograr la justicia que
"se les debe" a las víctimas y sus familiares.
La delegación española fue recibida en el Palacio de
Tribunales, en Buenos Aires, por Servini de Cubría, instructora de la causa
abierta en 2010.
A la cita acudieron abogados argentinos y españoles,
declarantes, querellantes, familiares de víctimas, el diputado por Barcelona de
la Izquierda Plural Joan Josep Nuet y diputados integrantes de la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento vasco.
A la salida del encuentro, miembros de la delegación dijeron
a Efe estar "satisfechos" con el recibimiento dado por la magistrada,
quien les dijo que, pese a las dificultades que conlleva la investigación, está
"comprometida" con la causa.
Pablo Mayoral, víctima del franquismo y que declarará este
martes en el juzgado, dijo a Efe que está "ilusionado con que se pueda
abrir nuevas imputaciones a los responsables de los crímenes franquistas".
"Fui uno de los procesados en uno de los últimos
Consejos de Guerra que hubo en la última etapa del franquismo que dictaron 11
penas de muerte: cinco de ellas fueron ejecutadas y cinco compañeros fueron
asesinados el 27 de septiembre de 1975", recordó.
Mayoral fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales
pasó casi tres en la cárcel hasta que fueron liberados todos los presos
políticos.
"Hemos recibido mucho apoyo de muchos grupos de
derechos humanos en Argentina, ha sido estupendo", dijo por su parte
Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, ajusticiado a garrote vil
en 1974, y que también declarará este martes ante la jueza.
Otra de las querellantes, Elsa Osaba, dijo a Efe que este
viaje a Argentina es "para dar un salto de gigante ya que España, el país
que tiene esa responsabilidad, no nos oye".
"Tenemos que venir aquí. Espero que la jueza tenga la
sensibilidad de acoger nuestras quejas, nuestras demandas y nuestras propias
querellas. No queremos venganza ni mucho menos, sino una justicia que se nos
debe", afirmó Osaba.
Entre los querellantes españoles que esta semana declararán
por primera vez por los crímenes del franquismo se encuentra Asunción Mendieta,
de 88 años, que pide justicia por el fusilamiento de su padre, Timoteo
Mendieta, pocos días después del fin de la guerra civil española (1936-1939) en
Guadalajara.
También prestarán declaración Andoni Txasko, en nombre de la
Asociación de Víctimas 3 de Febrero, y Paqui Maqueda, de la Asociación Andaluza
Memoria Histórica y Justicia, quien presentará a la jueza una mapa de fosas
comunes en tres provincias andaluzas y una lista con 22.000 desaparecidos de
Andalucía, Badajoz y África.
Servini libró en septiembre pasado una orden de busca y
captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas
supuestamente involucrados en delitos de represión durante la dictadura
franquista (1939-1975).
El pasado viernes el Gobierno español acordó dar continuidad
al procedimiento de extradición a Argentina de los dos que siguen vivos, Juan
Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar.
En octubre pasado, Servini admitió a trámite la querella
interpuesta por el partido independentista español Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) por el fusilamiento en 1940 de su fundador y presidente de la
Generalitat (Gobierno autónomo de Cataluña), Lluís Companys, y también lleva el
supuesto robo de miles de bebés durante el franquismo.
Algunos de los demandantes explicarán este martes en la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso argentino cómo está en este momento
la situación en España en relación con los crímenes del franquismo.
La exhumación de las fosas comunes y las dificultades para
buscar a sus familiares son algunas de las cuestiones de las que hablarán en
esa comisión, junto a lo que consideran incumplimiento de la Ley de la Memoria
Histórica española, aprobada en 2007.