En forma urgente
Tras la declaración de Moreno, se inicia una causa contra el economista Jorge Todesca
lunes 15 de julio de 2013, 19:25h
El fiscal federal Ramiro González se pronunció en favor de
que se lleve a cabo una urgente extracción de testimonios y la concreción de
una investigación en el fuero Penal Económico sobre la consultora Finsoport,
propiedad del economista Jorge Todesca, por maniobras delictivas que se le
atribuyen en violación del artículo 300 del Código Penal.
Este pronunciamiento se conoció hoy luego de la declaración
del jueves ultimo del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ante
el juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa 8215/11 iniciada a partir de
una denuncia presentada por el consultor Jorge Todesca.
El fiscal González, a cargo del caso, "reclamo la
urgente extracción de testimonios de las partes pertinentes de lo actuado, y su
remisión a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para que resulten allí
investigadas la propia consultora Finsoport y sus autoridades", dijo esta
tarde Moreno a Télam.
Durante su exposición ante el juez Bonadío, el secretario de
Comercio Interior explicó los alcances de lo actuado en sede administrativa
respecto de la consultora Finsoport y denunció a sus directivos y propietarios
por "la publicación de informes sobre datos de inflación falsos
construidos a fin de beneficiarse, y beneficiar con ganancias extraordinarias a
algunos agentes del mercado financiero".
Moreno dijo que con esas publicaciones se buscó de manera
deliberada perjudicar a "dos sectores de la sociedad: a los consumidores
en su conjunto y al Estado Nacional", ya que "los efectos de los
actos aquí denunciados inciden sobre títulos públicos y otros bienes protegidos
por la ley".
La nueva denuncia, promovida ahora por el fiscal González
contra Todesca y Finsoport S.A., se suma a las que ya se tramitan ante los
juzgados en lo Penal Económico a cargo de los jueces Marcelo Aguinsky, Rafael
Caputo y Alejandro Catania.
Las causas en las que la Secretaría de Comercio Interior
interviene como parte querellante, abarca a las consultoras Finsoport,
Melconián y Santangelo S.A., Orlando Ferreres y Asociados, y Buenos Aires City,
de Graciela Bevaqua.
El artículo 300 del Código Penal, referido a fraudes al
comercio y a la industria, sostiene que serán sancionados con "prisión de
seis meses a dos años" quienes hicieren "alzar o bajar el precio de
las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas,
negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores
de una mercancía o género".
También comprende a quien "ofreciere fondos públicos o
acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u
ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever
hechos o circunstancias falsas".
En su artículo tercero sostiene que esta situación abarca al
"fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad
anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare,
certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y
pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o
incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o
reticencia", entre otras cuestiones.