Esta corrupción nos somete a tragedias evitables
lunes 17 de junio de 2013, 11:24h
A un año y cuatro meses de Once, vuelven las imágenes de
hierros retorcidos, heridos y víctimas fatales vinculadas con una tragedia
ferroviaria, que esperábamos no tener que ver nunca más.
Frente a esto, el expresar nuestra solidaridad absoluta a
las víctimas y sus familiares se impone más allá de toda consideración
política. Y también se impone, por respeto y por necesidad, el exigir
responsabilidades ante el drama de la tragedia permanente de los trenes en la
Argentina.
Desde el momento en que ocurrió la tragedia de Once, se dijo
mucho sobre la necesidad de reformar el sistema de transporte y las líneas de
trenes. Se sucedieron las intervenciones estatales a líneas ferroviarias. Se
prometieron obras, modernización, cambios en la gestión de la cual nadie se
hizo responsable. Nadie dio cuenta de nada: nadie controló a quienes se
erigieron como paladines controladores. Los resultados están a la vista.
En su momento propusimos la creación de una Comisión
Bicameral en el Congreso, para que hiciera un seguimiento de las obras en el
Sarmiento. Lo hicimos a propuesta de los familiares y amigos de las víctimas de
la tragedia de Once, que entendían que los legisladores debían supervisar las
obras prometidas. El expediente, por supuesto, está cajoneado. Lleva casi nueve
meses en el limbo parlamentario de esos proyectos que no merecen tratamiento
exprés, los proyectos que son realmente necesarios para la sociedad, y no para
el poder político.
Pero la idea del oficialismo siempre es no rendir ninguna
cuenta. Porque tendrían que admitir el fracaso total de la política de
transportes que vienen enarbolando como otra bandera épica. O, mejor dicho, de
esta política de subsidios que desde 2001 esconde una ausencia completa de
políticas, porque tras la mascarada del subsidio vamos a encontrar nada más que
corrupción, no políticas.
Esta persistente corrupción ha generado un sistema
ferroviario signado por la falta de inversión y mantenimiento insuficiente, aún
cuando el Estado dedica más de 17 mil millones de pesos anuales para ello.
Esta corrupción y opacidad nos somete a una serie de
tragedias evitables que nunca acaban, y que no pueden quedar impunes.
El tiempo de las excusas se terminó. Los argentinos
merecemos un sistema de transporte donde los usuarios no arriesguen su vida
todos los días, y un Estado que asuma sus responsabilidades y deje de ser
cómplice de la corrupción.
Por Ricardo Gil Lavedra,
Presidente del bloque
de diputados nacionales de la UCR.