La casa matriz tene su sede en los Estados Unidos.
Chevron afirma que la orden de embargo de Ecuador nunca debió ejecutarse en Argentina
miércoles 05 de junio de 2013, 23:57h
La empresa Chevron Argentina celebró el fallo de la Corte
Suprema de Justicia que desactiva el embargo de sus activos en la Argentina por
una demanda que un grupo de abogados estadounidenses inició en Ecuador contra
la casa matriz.
"La decisión de la Corte Suprema de Justicia confirma
que la orden de embargo de Ecuador nunca debió haber sido ejecutada en la
Argentina", sostiene un comunicado de la filial local al que accedió
Télam.
En el mismo comunicado, se destaca que "esta decisión
coincide en un todo con la reciente opinión vertida por la Procuración General
de la Nación" a cargo de Alejandra Gils Carbó, que consideró que hubo
"afectación de principios que integran el orden público internacional argentino".
La empresa ratificó además su decisión de operar en la
Argentina donde tiene un acuerdo con YPF para explorar "shale gas" en
el bloque Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, al expresar: "Chevron
Argentina va a continuar trabajando intensamente en el país para ayudarlo en su
objetivo (el del Gobierno nacional) de lograr la independencia
energética".
Por su parte, el investigador del Cippec (Centro de
Implementación de Políticas Publicas para la Equidad y el Crecimiento), Nicolás
Gadano, opinó que "se trata de una demanda internacional compleja que tuvo
una derivación en la Argentina, afectando a una empresa que está interesada y
discute ampliar sus operaciones en el país".
Señaló que "este fallo mejora las posibilidades de la
empresa para expandir su actividad en el país, y entiendo que el embargo no
debiera tener que ver con Argentina porque está vinculado a algo que sucedió en
otro país".
En su opinión, "un sector como el petrolero que maneja
grandes inversiones y de largo plazo, necesita un sistema jurídico que
funcione, que tenga reglas claras y dé la seguridad de que si hay
incumplimientos ó diferencias, se diriman en la Justicia".
El fallo responde a una causa iniciada por un grupo de
abogados estadounidenses que hizo una presentación en 1993 reclamando una
indemnización por 19.000 millones de dólares, para 30.000 residentes de la
región de la Amazonia ecuatoriana, presuntamente afectados por cuestiones
ambientales relacionadas con la explotación de hidrocarburos.
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