Por no poder pagarle a los bancos
Más de 30 mil familias perdieron su casa en España durante el 2012
sábado 11 de mayo de 2013, 00:02h
Cerca de 32.500 familias en España perdieron en 2012 la casa
en la que vivían por no poder pagar las hipotecas a los bancos, informó hoy el
Banco de España, en medio de profundo descontento de los afectados con una ley
que no les permite saldar su deuda entregando la vivienda.
Se trata de la primera vez que el Banco de España publica
una estadística de este tipo, que se conoce en medio de la alarma social y la
preocupación que los desahucios causan en una España sumida desde hace casi
cinco años en la peor crisis económica en varias décadas.
Según los datos, obtenidos mediante una encuesta a los
bancos que gestionan más del 85% del crédito hipotecario destinado a la compra
de viviendas, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución
hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en
viviendas habituales.
Cerca de 3.000 familias se encontraban en esas viviendas en
el momento de ser desahuciadas, informó la agencia de noticias DPA.
Algo más de 15.800 ejecuciones hipotecarias tuvieron lugar
bajo la forma de dación en pago, una fórmula mediante la cual el deudor cancela
la deuda que tiene con el banco entregándole la vivienda.
La dación de pago universal y con carácter retroactivo es la
medida principal reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH), pero no fue incluida en una ley para proteger a los deudores
hipotecarios aprobada el miércoles por el Parlamento con el único apoyo del
mayoritario y oficialista Partido Popular.
El objetivo de esta dación de pago universal y retroactiva
es aliviar el drama que atraviesan las familias que son desahuciadas y que,
pese a perder su vivienda, tienen que seguir pagando al banco, ya que el valor
de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la
entidad financiera.
El PP del presidente Mariano Rajoy dijo que dejó esa medida
fuera de la nueva ley hipotecaria porque hubiera dañado las garantías
hipotecarias y el acceso a préstamos.
Los argumentos del gobierno, así como la ley, fueron
rechazadas por toda la oposición.