Margallo presionó sin razón legal a Argentina para frenar la causa contra el franquismo

Así lo afirma la Red Aqua, de apoyo a la querella que se sigue en Argentina contra los delitos de lesa humanidad del franquismo tardío. Según sus abogados, los tratados bilaterales con Argentina no avalan la posición del Ministerio de exigir a un juez que frene unas declaraciones 'voluntarias' por videoconferencia.
 
Los hechos los ha contado Diariocrítico con todo lujo de detalles, pero, sucintamente, son los siguientes: la jueza bonaerense María Servini de Cubría iba a tomar declaración por videocofnerencia a varios testigos, víctimas y familiares de víctimas del tardofranquismo. Los testigos, españoles todos y denunciantes en parte, lo hacían de forma voluntaria en la sede diplomática de Argentina en Madrid, y lo hacían por videoconferencia.
 
Cuando todo estaba dispuesto, el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, recibió una nota verbal de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio español de Asuntos Exteriores en la que se exigía que frenara esa videoconferencia y que pidiera comisiones rogatorias, lo que, evidentemente, entorpece y alarga el proceso. Para evitar males mayores, posiblemente un conflicto jurídico-diplomático de incalculables consecuencias- la jueza frenó la videoconferencia.
 
No hay razones para impedir las declaraciones
 
Sin embargo, analizadas la nota de Asuntos Exteriores -que Diariocrítico publicó de forma íntegra- los abogados de la Red Aqua -Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina- han analizado los pormenores y han llegado a las siguientes conclusiones.
 
- Primero, que la recepción de los testimonios está fuera del el Tratado bilateral mismo: El Tratado está destinado a favorecer la asistencia mutua en todos aquellos supuestos en que sea necesaria la práctica de medidas por parte del país requerido:
 
"No se precisa de la asistencia cuando las diligencias pueden ser realizadas por los tribunales del país que ejerce la jurisdicción a través de sus legaciones diplomáticas. Sí, en casos como el presente, los testigos citados se negaran a declarar, sería evidentemente necesario tramitar una comisión rogatoria para que por parte de las autoridades judiciales del país requerido se les convoque para que efectúen su declaración. No lo es naturalmente cuando los testigos se someten voluntariamente a una jurisdicción, en este caso de un país extranjero, ya sea viajando al mismo o prestando su testimonio desde la embajada o el consulado de dicho país. Las videoconferencias tienen precisamente por objeto evitar el oneroso desplazamiento que implica el traslado de un país a otro".
 
- Segundo, desde el consulado argentino en Madrid, situado en el mismo edificio que la embajada, se realizan en forma periódica videoconferencias en las que declaran víctimas y testigos en las causas que instruyen los jueces argentinos contra los responsables de la última dictadura argentina y los de las dictaduras latinoamericanas. Nunca el Ministerio de Relaciones Exteriores español tuvo la ocurrencia de invocar el tratado para impedir su concreción:
 
"Esto lo sabe naturalmente el embajador argentino, como sabe, es su casa, que la embajada es territorio argentino. El supuesto es idéntico, aunque parece tener una diferencia: en este caso se trata de investigar los crímenes del franquismo".
 
- Tercero, es conocido que, desde que se inició la causa, la jueza argentina libró dos comisiones rogatorias. La primera a efectos de que se le informara acerca de las investigaciones que se estaban realizando en España en relación con estos crímenes. La Fiscalía General del Estado contestó, muchísimos meses después, que existían investigaciones por doquier y de paso que, debido a ello, no era competente la jurisdicción argentina. La segunda, requiriendo a las autoridades españolas para que le transmitieran una larga e importante serie de informaciones, entre ellas la identificación precisa y fe de vida de múltiples responsables de los crímenes cometidos.
 
"La Fiscalía esta vez subió el listón: no sólo dejó de contestar a todas y cada una de las peticiones, sino que reiteró, como si nada se le hubiera pedido, que todo se estaba investigando, que Argentina no era país competente y, con inigualable hipocresía, que invitaba a la juez argentina a remitir sus actuaciones a España para incorporarlas a las causas en curso. Esto cuando ya, en febrero de 2012, el ínclito Tribunal Supremo había resuelto que nada se podía investigar porque, entre otros peregrinos razonamientos, los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo no eran tales en el momento que se cometieron".
 
Política ministerial de obstrucción a la justicia
 
Para la Red Aqua "es evidente que el Ministerio de Relaciones Exteriores pretende lo mismo con las videoconferencias: que se solicite su autorización para realizarlas y responder, varios meses después, que no las consiente porque, una vez más, la jurisdicción argentina no tiene competencia".
 
Insiste la Red que las víctimas están intentando declarar y que se les haga justicia desde la comisión misma de los crímenes: "Se les ha impedido naturalmente durante la dictadura y se les impide insólitamente en democracia. Ha ocurrido otra vez más, otra vez con malas artes. Se las revictimiza impidiéndoles ejercer sus elementales y fundamentales  derechos con la inocultable intención de que desistan".
 
Insisten en que era conocido -según ellos- que el gobierno español ejercía presiones intentando paralizar la causa, pero afirman que "pronto estaremos en Buenos Aires, acompañados de legisladores y alcaldes, para seguir ofreciendo nuestros testimonios. Pronto serán llamados por la justicia los que tan inmenso daño produjeron en nuestra sociedad. No podrán evitarlo, acabaremos con la impunidad del franquismo".
 
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