Por delitos de lesa humanidad
Condenaron a siete represores a perpetua en Mendoza
viernes 22 de marzo de 2013, 22:21h
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1de Mendoza condenó
a siete represores a la pena de prisión perpetua y aplicó penas de cinco, 14 y
18 años de prisión a otros tres acusados, en el juicio oral por delitos de lesa
humanidad que se desarrolló en Mendoza.
Los siete condenados a cadena perpetua son Paulino Enrique
Furió, Juan Antonio Garibotte, Francisco Alcides Paris Francisca, Juan Agustín
Oyarzabal Navarro, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Armando
Fernández.
En tanto, a Ramón Angel Puebla se lo condenó a una pena de
18 años de prisión; al ex capitán Dardo Migno a 14 años; y al ex oficial
principal Fernando Morellato Donna a 5 años de prisión.
Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos (MEDH) se mostró conforme con la sentencia, salvo con la
pena a 5 años a Morellato, a la que calificó de "irrisoria" y "exigua".
"A cualquiera por un delito común le dan cuatro o cinco años
de cárcel, no se le puede dar cinco años por tormentos, pero habrá que ver los
fundamentos para apelar", adelantó el abogado.
Esta mañana, la explanada de acceso y la calle de la sede de
los Tribunales Federales de Mendoza se colmaron de público y miembros de
organizaciones civiles que esperaban ansiosas el fallo, y participaron del
redescubrimiento del `Friso de la Memoria´, que había sido
dañado en noviembre de 2011.
Desde avenida España y Pedro Molina de esta capital, cientos
de personas cantaron el Himno Nacional y aguardaron en forma pacífica la
lectura de la sentencia.
En general, tanto las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
como los familiares de las víctimas e integrantes de la Agrupación Hijos,
se mostraron conformes con el fallo, salvo con la pena a Morellato.
"Cinco años no es nada. Todos los condenados, en vez de
sentir arrepentimiento demuestran ganas de seguir. No estoy de acuerdo con las
prisiones domiciliarias, si están enfermos que se la aguanten en la cárcel como
ellos hicieron con nuestros hijos" opinó
Margarita Barrera, de 88 años, quien perdió a su hijo Jaime Barrera hace 36
años cuando recién se recibía de médico.
En tanto, Carmen Doltz, quien tiene a su hermana Margarita
desaparecida, se mostró a favor de la sentencia "que da una pequeña reparación
y, al igual que todos los juicios en la Argentina, da un valor social y simbólico para
cambiar la mentalidad y otorgar identidad a los desaparecidos".
Según lo dictaminado, las cadenas perpetuas recayeron por
ser "co autores mediatos penalmente responsables por los delitos de
privación ilegítima de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, y
asociación ilícita calificando los delitos de lesa humanidad cometidos en el
contexto de genocidio".
En algunos casos también se aplicó homicidio agravado con el
fin de asegurar impunidad, sustracción de un menor, robo, imposición de
tormentos y lesiones gravísimas.
Furió, Puebla, Oyarzabal, Migno y Paris Francisca cumplirán
condena domiciliaria, en tanto que Bruno, Garibote, Miranda, Fernández y
Morellato lo harán en la cárcel mendocina de San Felipe dado que les revocaron
los pedidos de prisión domiciliaria.
Si bien hubo satisfacción por el fallo condenatorio, tras
siete meses de debate, ninguno de ellos rompió el pacto de silencio y dijo
dónde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos.
"En Mendoza el pacto de impunidad sigue vigente entre ellos,
pero nosotros vivimos en un Estado democrático y no podemos hacer lo que ellos
nos hicieron a nosotros", manifestó Salinas, quien demostró "una enorme
satisfacción por las siete perpetuas" y el hecho de que "represores
emblemáticos de Mendoza ahora estén presos".
Desde el 2 de agosto pasado, cuando se inició el debate, la
tarea de los magistrados fue comprobar las denuncias de secuestros y
desapariciones forzadas a 32 víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas,
uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto
Vélez) permanecen aún con vida.
Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien
era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito;
Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional
de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias
Políticas en la UNC;
Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también
Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.
El Tribunal estuvo integrado por Juan Antonio González
Macías, Jorge Roberto Burad, Alejando Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo.