Derechos Humanos: Retroceso ultramontano

                Son recordadas aún las coincidencias entre Jorge Rafael Videla y Fidel Castro, en tiempos del "Proceso", respaldándose recíprocamente en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante cualquier reclamo por la vigencia de tales derechos en sus respectivos países.
 
 
                Según la tesis respaldada entonces por ambos gobiernos, los "derechos humanos" eran temas internos, por cuya violación  ningún "extranjero" podía interesarse. Formaba parte de la sacrosanta "soberanía nacional".
 
 
                Afortunadamente, tal tesis ultramontana ha desaparecido del mundo civilizado. El ariete cosmopolita abierto de facto por los tribunales de Nuremberg luego de la Segunda Guerra Mundial tomó estado de derecho positivo internacional con el establecimiento de la Corte Penal Internacional, consecuencia de la consideración de los delitos de lesa humanidad como atentados que afectan no sólo a sus víctimas directas, sino a todo el género humano, por lo que están por encima de cualquier intento de limitación de carácter "nacional" para juzgar a sus autores.
 
 
                El Tribunal Penal Internacional tiene entre sus jueces paradigmáticos a un argentino reconocido internacionalmente por su valentía y su defensa del derecho: Luis Moreno Ocampo, quien fuera fiscal del Juicio a los integrantes de las ex Juntas Militares realizado por la justicia independiente apenas lograda la recuperación democrática, en una política de estado que se inició con la ratificación parlamentaria del Pacto de San José de Costa Rica, enviado para su tratamiento en el primer mensaje dirigido al Congreso por el presidente Alfonsín.
 
 
                Por supuesto, esta extensión está en construcción y es aún imperfecta. Aunque la mayoría de los Estados del mundo la ha ratificado, aún no lo han hecho algunos. Por ejemplo, Estados Unidos. Y tampoco Cuba. Siempre hay argumentos para justificar estas injustificables demoras. Pero la Argentina no sólo fue firmante y el Convenio ratificado por nuestro parlamento, sino que la Corte Suprema ha considerado sus principios y normas como derecho aplicable, y en virtud de estos derechos es que se ha actuado contra ex funcionarios acusados de violar derechos humanos durante la última dictadura, en una interpretación que justamente es cuestionada no por limitada, sino por exageradamente amplia.
 
 
                El Estado de Israel, formado como hogar nacional para los judíos luego del holocausto en el que murieron seis millones de ellos por masacrados por la barbarie nazi y la indiferencia de gran parte del mundo, no puede menos que  interesarse por la investigación de dos atentados terroristas con decenas de muertos, realizados claramente contra personas que profesan la religión del Antiguo Testamento. Es insólito que se pretenda reclamarle que no se preocupe, o que mire para otro lado, cuando uno de esos atentados fue producido además contra su sede diplomática.
 
 
                La tesis que ha invocado el gobierno nacional, expresada por el Canciller Timmerman pero sin dudas ordenada por la Jefa del Estado, respondiendo a este pronunciamiento israelí, es que la investigación por estos hechos que según la propia justicia argentina eran funcionarios de un gobierno extranjero, pertenecen a la exclusiva competencia de la justicia argentina y un gobierno extranjero no tiene el derecho de interesarse, a raíz del principio.... ¡de la soberanía nacional! Cínico argumento, para justificar la renuncia al deber irrenunciable del Estado argentino de perseguir a dos delitos de lesa humanidad cometidos en su territorio.
 
 
                Retroceso ultramontano, en tiempos en que el mundo lucha denodadamente para construir el entramado legal de la globalización y un abandono de la sana política de estado de nuestro país desde 1983, considerando que la violación de los derechos humanos, en cualquier parte del mundo, ataca la dignidad de la humanidad en su conjunto y está por encima de cualquier consideración política de corto alcance.
 
 
                Un claro alineamiento del gobierno de Cristina Fernández con la tesis de Washington y de La Habana. Y un nuevo desprestigio para el país, en uno de los pocos símbolos de respetabilidad ética que nos quedaban en el mundo.
 
 
Ricardo Lafferriere