El acuerdo con Irán

Antes de entrar en la consideración de la cuestión de fondo acerca del acuerdo alcanzado entre Argentina e Irán en torno a las consecuencias judiciales derivadas del brutal y cobarde atentado contra el edificio de la AMIA quiero puntualizar que el gobierno incurrió en un gravísimo error que excede una mera cuestión de procedimiento.

En efecto, horas antes--o simultáneamente con el anuncio de las cuestiones pactadas--debió convocar a los jefes de bloque del Congreso Nacional para imponerlos de los términos del entendimiento, de sus alcances y de los objetivos que persigue el estado nacional en ese marco.

En primer lugar porque indudablemente se trata de una cuestión de estado que atravesó a varios gobiernos y, probablemente, en el futuro ocupe a nuevas administraciones.

En segundo lugar porque los temas de política exterior--y sobretodo de la envergadura del que nos ocupa--no son patrimonio de un gobierno sino que deben importar e involucrar a todas las fuerzas políticas y,  fundamentalmente, aquellas que tienen representación parlamentaria.

No proceder de ese modo implica a priori convertir al tema en terreno de disputa política--partidaria. Es inconcebible que nadie en el gobierno no haya advertido sobre esta circunstancia teniendo en cuenta, además, que el propio acuerdo esta condicionado en su ejecución a la aprobación legislativa.

Tan poco inteligente fue la omisión de este paso que, en paralelo, dejo abierto el camino a reacciones --a mi gusto-- apresuradas de sectores de la oposición que en este caso no se justifican pero si son entendibles frente a la marginación de la que fueron objeto de parte del ejecutivo nacional.

Para colmo las reuniones--perfectamente justificadas--que el canciller mantuvo con familiares de las victimas y representantes de la DAIA y la AMIA contrasto con la falta de información previa a las fuerzas políticas y no hizo mas que resaltar la ausencia de ese dialogo esencial.

Dicho esto--que reitero traerá consecuencias que pudieron evitarse--quiero ingresar al fondo de la cuestión afirmando que el principio básico de las acciones que hasta aquí se siguieron en el ámbito judicial y político en todo momento apuntaron-- y deben seguir apuntado-- a esclarecer la autorías de este criminal atentado.

En nuestro orden jurídico esto significa individualizar a aquellos que son--con nombre y apellido--penalmente responsables y, eventualmente, en un segundo paso establecer si sus actos aberrantes contaron con amparo y complicidad estatal, en este caso de un estado extranjero.

Este orden de responsabilidades no es una cuestión formal habida cuenta que hay quienes por razones de carácter geopolítico quieren invertir la ecuación y pareciera que están más interesados en establecer una condena para Irán como estado terrorista antes que avanzar en el camino de la individualización de los que cometieron, incitaron y apañaron esta acción sanguinaria.

Precisamente, por ese sendero ha venido avanzando la causa judicial hasta que llego a un escollo insalvable: no poder indagar a los sospechosos, un paso procesal indispensable para la prosecución de las actuaciones, que de no concretarse hacia imposible e ilusorio llegar a una sentencia.

Y solo una sentencia--se pueda o no posteriormente apresar a los culpables--puede hacernos decir que SE HIZO JUSTICIA.

Por lo tanto, si este acuerdo permite dar ese paso ineludible para destrabar el procedimiento no debe ser mal mirado porque, finalmente, en ningún momento ni de ningún párrafo del entendimiento se desprende que se deje de lado la causa judicial o se desista de las acciones que en ese ámbito se vienen ejecutando.

Respecto a la afirmación de que se esta declinando soberanía, francamente, no me parece que sea así, en tanto, los jueces naturales del proceso siguen siendo los que llevan las actuaciones en la argentina y si tomamos en consideración que la opinión que viertan los juristas que integran la denominada "Comisión de la Verdad" no tienen--según reza el acuerdo--carácter vinculante no veo afectación de soberanía alguna.

El matiz acerca del lugar físico donde se practicara la indagatoria tampoco es razon suficiente para decir que se esta poniendo en juego el principio de territorialidad ya que hay numerosos ejemplos de indagatorias tomadas por jueces argentinos en el exterior. Uno de ellos me toco de cerca en la causa IBM--Banco Nación de la que fui denunciante.

El juez Adolfo Bagnasco que estaba a cargo de la misma se trasladó, junto al fiscal, a los Estados Unidos a intentar tomar declaración a los directivos de IBM internacional que el gobierno de ese país se negaba a extraditar.

Creo que la discusión se infectó rapidamente de una serie de consideraciones que, no se me escapa, revelan el profundo transfondo político del tema que se trata pero que en el caso de las fuerzas políticas locales debería quedar al margen, al menos de los aspectos retóricos de las declaraciones, porque no hacen mas que alimentar en nuestro territorio confrontaciones entre comunidades que históricamente han convivido pacíficamente.

Por otra parte, deploro que se ingrese--conciente o inconcientemente--en la puja que enfrenta intereses involucrados en el conflicto de medio oriente.

No sirve para nada caracterizar en este contexto al regimen iraní con sus deformaciones y tampoco hacer lo propio con Israel y las suyas.

El gobierno de Raúl Alfonsín primero y este después siempre dejaron en claro el derecho del pueblo palestino de contar con su propio estado y a la vez preservar la existencia del estado de Israel.

Cuando Alfonsín visitó ese país omitió, deliberadamente, pisar Jerusalén para no ejercitar un acto que implicara el reconocimiento que se le pretende dar a esa ciudad como capital del estado judío. Brasil y Argentina siguen el mismo recorrido en este conflicto y esto es una cuestión que no debe soslayarse cuando de política exterior se trata.

Nosotros debemos esclarecer y castigar a los autores materiales e intelectuales de este criminal atentado y no cejar hasta lograrlo pero no debemos ser el pretexto que de lugar a acciones punitivas que se fundan en otras razones.

Desde ya que si establecidas las responsabilidades individuales surge la evidencia de un acompañamiento estatal al acto terrorista el país en cuestión deberá dar cuenta ante la nación argentina de su participación porque la nación argentina y sus connacionales es la que sufrió este atropello criminal. Por lo mismo, el Estado de Israel no debe pedir explicaciones sobre nuestras decisiones soberanas--que nosotros podemos o no compartir, como en este caso--pero que son nuestras siempre e invariablemente, pero en este caso aun mas porque el atentado se perpetro en nuestro suelo y desgarro familias y ciudadanos argentinos.

El gobierno debe enmendar su error respecto al tratamiento que le dio a las fuerzas políticas y estas deben serenar sus juicios.

Al fin, todos queremos y debemos llegar a la verdad y por ese camino a la justicia.

Leopoldo Moreau