Nueva conmemoración por el Día de los Desaparecidos españoles en la Argentina

Según estimaciones judiciales, durante la dictadura desaparecieron un centenar de españoles oriundos y unos 2 mil ciudadanos de origen español.

En diciembre de 2009, el Equipo de Antropología Forense de Argentina identificó los restos del catalán Manuel Coley Robles, en lo que constituyó la primera vez que se logró conocer el paradero de personas de esa nacionalidad que fueron víctimas de la represión.

Los restos de Coley Robles fueron hallados en el cementerio General Villegas, de la localidad de Isidro Casanova.

Coley Robles, nacido el 29 de junio de 1934 en Barcelona, había desaparecido el 27 de octubre de 1976 después de que un grupo armado de 20 personas, que se identificó como personal del Ejército, lo secuestrara en su casa de la ciudad bonaerense de Quilmes.

Robles era delegado sindical de la empresa Rigolleau de la localidad bonaerense de Berazategui y, según testimonios vinculados a la investigación de su caso, el catalán pasó por distintos centros clandestinos de detención, entre ellos, el conocido como "Pozo de Quilmes".

La investigación sostiene que Robles murió el 5 de febrero de 1977, meses después de ser secuestrado, y sus restos exhibían varias heridas de bala.

Por otra parte, en diciembre del año pasado el Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desclasificó los listados oficiales de ciudadanos españoles víctimas de la represión tanto en la Argentina como Chile, lo que permitirá avanzar en un proceso judicial que lleva abierto 14 años.

El proceso judicial en España por los crímenes cometidos durante las dictaduras de Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983), lo inició en 1997 el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y ahora lo continúa Pablo Ruz, que fue quien solicitó al Ejecutivo una copia de los archivos existentes en la Embajada y en los consulados españoles en Argentina referidos a la desaparición de españoles.

En esta causa, en 2007 el Tribunal Supremo español condenó a 1.084 años de cárcel al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien se puso voluntariamente a disposición de la Justicia española y ante ella dio cuenta de los llamados "vuelos de la muerte" en los que se arrojaba a detenidos ilegales desde aviones al Río de la Plata.

El último represor argentino puesto a disposición de la Justicia española, Ricardo Miguel Cavallo, fue finalmente entregado a Argentina en 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y es juzgado aquí por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.

En Argentina trabaja encomiadamente la Comisión de Desaparecidos Españoles, cuya presidenta es la gallega María Consuelo Castaño, quien sufrió en carne propia la violencia de la dictadura, pero tuvo un Dios aparte, y  con gran voluntad se puso al frente de la Comisión en la búsqueda de verdad y justicia.