El principio del fin de La Alianza

Cada vez que los analistas políticos deben explicar el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa, comienzan por la renuncia de su vicepresidente, Carlos "Chacho" Álvarez, producida tras el escándalo de las coimas a senadores justicialistas para que aprobaran una vergonzosa ley de flexibilización laboral exigida por el Fondo Monetario Internacional y sancionada en la cámara alta la noche del 26 de abril del 2000.


La norma -no sólo repudiable por su escandalosa aprobación sino por su contenido antiobrero- fue votada primero por la cámara baja, aunque con la oposición del bloque justicialista y se trabó luego en el Senado, porque la bancada de la Alianza no contaba con el número suficiente.

 

En medio del tire y afloje característico de esas circunstancias, el líder camionero Hugo Moyano aseguró públicamente que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que "para los senadores tengo la Banelco". El senador peronista Antonio Cafiero formuló declaraciones que indicaban que algo raro ocurría en la cámara alta y su compañero de bancada, Emilio Cantarero, le puso la frutilla al postre, al admitir ante una cronista de La Nación, Fernanda Villosio, que efectivamente había recibido dádivas que permitieron la sanción de la ley.

 

El titular del Senado, Chacho Álvarez, había escalado en la política con una fuerte reivindicación ética, por lo que no podía tolerar que semejante chanchuyo estallara en sus narices. Pese a que el presidente de la Rúa lo llamó por teléfono para detener su ira, Álvarez inició una investigación que apuntaba no solo contra sus aliados radicales, sino también contra su principal lugarteniente, Flamarique.

 

En medio del tufo que emanaba de la parte sur del Parlamento, circuló por aquellos días un libelo anónimo que contaba precisamente lo que ya era un secreto a voces, pese a la falta de pruebas y precisiones: le ley había sido sancionada luego que el gobierno había aceitado la voluntad de un puñado de senadores justicialistas con dinero fiscal.

 

Álvarez renunció al no encontrar respuesta de parte del gobierno que integró y que se había comprometido a atacar la corrupción que caracterizó a la década menemista. Buena parte de los votos progresistas que entronizaron a De la Rúa en la Casa Rosada, tuvieron un fundamento ético, ya que si bien esa franja de pensamiento sospechaba que con De la Rúa no habría grandes cambios en términos económicos, al menos se manejarían los asuntos de gobierno con mayor "prolijidad". Pero no sólo se había profundizado un modelo que hacía agua por los cuatro costados, sino que además continuaba la fiesta de los 90.  

 

Todo quedó al desnudo un par de años después, cuando el secretario parlamentario de entonces, Mario Pontaquarto, denunció a la justicia que el 26 de abril de 2000, llevó al departamento del salteño Cantarero, en el elegante barrio porteño de Recoleta, dos valijas con cuatro millones trescientos mil pesos proporcionados por la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), que manejaba un incondicional de de la Rúa, Fernando De Santibañes.

 

Según reveló el arrepentido Pontaquarto, la cuestión se había arreglado en el mismísimo despacho presidencial, con la presencia de De la Rúa y del presidente del bloque de senadores radicales, José Genoud, quién le dijo al jefe de Estado que los legisladores peronistas querían "algo más" para votar la ley flexibilizadora. "Eso háblenlo con de Santibañes", habría dicho de la Rúa, de acuerdo con el relato de Pontaquarto.

 

Según el propio arrepentido, el dinero de la SIDE habría sido repartido entre el presidente del bloque justicialista, Augusto Alasino, y sus compañeros Cantarero, Remo Constanzo, Alberto Tell, Ricardo Branca. Por el otro lado, fueron acusados el ex presidente De la Rúa, Genoud y de Santibañes.

 

Buena parte de la denuncia de Pontaquarto, fue acreditada por la investigación realizada por el juez Daniel Rafecas. Doce años después de ocurridos los hechos, 300 testigos comenzará a desfilar en el marco del juicio oral en el que por primera vez se juzga a un presidente de la Nación por un soborno. Cantarero ni se enterará porque padece Alzheimer y fue declarado inimputable. Genoud se suicidó con dos tiros en el pecho, aunque se presume que por causas sentimentales. Se estima que el fallo demandará al menos un año más. Pero al margen de la sentencia legal, el escándalo de las coimas en el Senado deslegitimó al gobierno de Fernando de la Rúa, quién abandonó la Casa Rosada en diciembre de 2001 en medio de un baño de sangre