Federalismo

Hace rato que en la Argentina los recursos públicos son "unitarios", mientras el gasto es "federal".

Independientemente de lo inconstitucional que esto resulta (a estas alturas un dato "menor"), en contextos relativamente estables en materia de inflación  y elevados en actividad, esta deformación estructural no genera demasiados problemas. Pero en un marco de alta inflación y desacelaración del nivel de actividad, la situación se torna insostenible.

En efecto, el grueso del gasto público provincial es en salarios, por la obligación de brindar los servicios más intensivos en trabajo, y por la escasa inversión en infraestructura y deficientes marcos regulatorios para atraer inversión privada, que lleva a muchos gobernadores a ganar votos vía aumentos desmedidos del empleo público. 

Y, mientras tanto,  los sueldos se "indexan" en paritarias nacionales. (La docente, por ejemplo). 

Cuando los ingresos, por caídas de actividad, o shocks de diverso tipo, no siguen el ritmo de los gastos, las provincias entran en déficits fiscales crecientes.

Esta situación se agudizó, en los últimos años, por la introducción de impuestos no coparticipables (o coparticipables muy parcialmente), como los impuestos a la exportación, y las diversas prohibiciones de exportar y los controles de precios que afectan, principalmente, a las provincias productoras de bienes agropecuarios. A su vez, tampoco se coparticipa el asalto final a las reservas del Banco Central. Y el financiamiento del gasto con emisión y el control de importaciones, al reducir nivel de actividad, completa la "tenaza" de más inflación para los gastos y menos actividad para los ingresos (Que se indexan menos, dado que, si bien la inflación ayuda en los precios, el menor nivel de actividad, al afectar la rentabilidad de las pymes, aumenta la evasión).

Las provincias petroleras, a su vez, sufrieron el mismo problema que las "sojeras" o "ganaderas", al padecer las consecuencias de la política energética. 

El no reconocimiento de los precios internacionales a los productores, redujo la actividad y la recaudación por regalías y otros impuestos. (El mismo efecto que altas retenciones a la soja,  o prohibir exportaciones de carne, o destruir el mercado del trigo).

La expropiación de YPF es la frutilla del postre.

En efecto, la propiedad del petróleo y el gas ya era estatal, pero de las provincias. (No se ha recuperado nada, ya lo teníamos). Y eran las provincias las que concesionaban a empresas variadas y de distinto origen, la explotación de las áreas respectivas. Si estos contratos de concesión no se cumplían, por falta de inversión, las provincias tenían el derecho y la obligación de cancelar los contratos -como de hecho hicieron hace unas semanas- y relicitar las áreas a nuevas empresas, o renegociar dichos contratos con nuevas condiciones. 

Inclusive la "joya" de Vaca Muerta, propiedad de Neuquén, también pudo ser relicitada o renegociada con la propia YPF-Repsol u Exxon o quien fuera. 

Esa era la solución "federal". Las provincias renegociando y obteniendo mejores condiciones y ventajas financieras para "independizarse" del Estado Central. 

Pero para ello, el gobierno nacional tenía que ceder en condiciones de precio -que fija la Nación,- , en el marco regulatorio y, eventualmente, en menores retenciones a la exportación de petróleo. 
Ceder en precios le quitaba al Estado Nacional negocios de importación ("los barquitos" como bien dice mi amigo Moreno), porque aumentar la exploración y producción de gas, reduce la necesidad de importar con sobreprecios. Y bajar retenciones, implicaba menos ingresos fiscales nacionales. 

Obviamente, se optó por la alternativa "unitaria". 

Expropiar las acciones de Repsol en YPF, y obligar a las provincias a "devolverle" a esta empresa las áreas quitadas recientemente, contra una porción minoritaria y sindicada de acciones de la empresa. Es ahora la intervención la que renegocia con las empresas extranjeras asociaciones con la empresa estatal, y no los gobernadores. Y es ahora, cuando el gobierno nacional dará "senderos de precios" para aumentar la producción de gas. Aumento que irá a parar a las arcas de YPF y no a la de las provincias, salvo por algo más de regalías. 
Es la Nación la que buscará socios para la "joya" y  no la Provincia de Neuquén. Las utilidades serán reinvertidas y "compartidas" con contratistas, funcionarios, sindicatos, etc. 

Mientras,  el resto de las provincias, que ya cedieron los ingresos del sector agropecuario, y nada recibieron de los fondos de la privatización original, mirarán, en los entretiempos de fútbol para todos, el nuevo escudo de YPF con la escarapela.

Obviamente, el Congreso, con las provincias manteniendo la dependencia de fondos del gobierno central seguirá siendo una escribanía y el poder político seguirá concentrado en unos pocos, sin control, rumbo a la reforma constitucional.

En síntesis, las verdaderas expropiadas, como siempre, han sido las provincias, con la complicidad de gobernadores, senadores y diputados, del oficialismo y de gran parte de la oposición