Mientras la oposición busca interpelarla, Garré afirmó que el gobierno "No admite espionaje"

"No admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión", señaló la ministra a través de su cuenta de la red social Twitter.

Garré anunció que ordenó una "auditoría informática al (software) Proyecto X para evaluar qué contiene", y recordó que al Congreso se le "respondió sobre el tema el 23 de enero apenas requirieron informes"

Oposición pide citar a Garré por denuncia de espionaje

Parlamentarios opositores de Argentina pidieron  que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, comparezca ante el Congreso por la reciente denuncia contra la Gendarmería (policía de frontera) por presunto espionaje a líderes sindicales y sociales.

El proyecto de resolución para que se cite a Garré a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados lleva la firma de siete legisladores de partidos opositores de todo el arco político.

Los diputados quieren que la ministra brinde explicaciones sobre el denominado "Proyecto X", una operación mediante la cual efectivos de la Gendarmería se habrían infiltrado en protestas sindicales y sociales con el fin de recabar información de sus líderes y volcarla a una base de datos.

El "Proyecto X" fue dado a conocer en la noche de este miércoles por la cadena de noticias TN, donde integrantes de fuerzas opositores aseguraron que la maniobra busca reprimir las protestas.

En un mensaje a través de Facebook, Garré aprovechó unas recientes declaraciones del exdictador argentino Jorge Videla al semanario español "Cambio 16", en las que dijo que el Gobierno de su país no busca justicia sino venganza con los juicios a los militares, para ratificar la política oficial de no reprimir las protestas sociales.

"Videla es parte de una embestida de sectores que aborrecen la política de defensa irrestricta de los derechos humanos iniciada por (el fallecido expresidente) Néstor Kirchner y avalada hoy desde los tres poderes del Estado", destacó la ministra.

"En el marco de esta política y estos principios, Kirchner y (su esposa y sucesora) Cristina Fernández también han sostenido una clara y permanente posición respecto a la no criminalización de la protesta social y a los límites a la acción policial en esas situaciones", comentó.

Garré consideró que "resulta paradójico" que "sectores que no pueden acreditar esa coherencia" acusen al Gobierno "de vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales".

Aunque el caso salió a la luz pública este miércoles, fue denunciado ante la Justicia en noviembre pasado por Myriam Bregman, abogada y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), algunos de cuyos integrantes -a su vez representantes sindicales en diversas fábricas- dicen haber sido blanco de las supuestas maniobras de espionaje de la Gendarmería.

Según un documento presentado por TN, el comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció la existencia del "Proyecto X" en un escrito presentado ante el juez Norberto Oyarbide, quien investiga los hechos denunciados.

La ley de Inteligencia Nacional de Argentina establece que ningún organismo oficial de espionaje puede obtener datos de personas por el solo hecho de que éstas adhieran o pertenezcan a organizaciones partidarias, sociales o sindicales.

"En un Estado democrático, las fuerzas de seguridad no pueden ser espías, ni infiltrados de los trabajadores y dirigentes sociales. Estas acciones demuestran que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos que recurrió las fuerzas represivas de Argentina", dijo en un comunicado Jaime Linares, senador del Frente Amplio Progresista (FAP).

Por su parte, el diputado radical Juan Pedro Tunessi presentó un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo que informe "si ha dispuesto la realización de tareas de inteligencia" y acopio de datos de líderes de movimientos sociales y gremiales.

En su propuesta, Tunessi pidió al Gobierno que aclare "si tiene conocimiento de la existencia del denominado 'Proyecto X'" y, "de no haber sido oficialmente ordenada" su creación, indique "qué medidas internas disciplinarias y de índole administrativo se tomaron frente a las denuncias de su existencia".

La denuncia por el "Proyecto X" coincide con protestas realizadas en los últimos días contra la nueva ley antiterrorista, aprobada en diciembre pasado y que, según sus críticos, deja abierta la posibilidad de que las huelgas y las protestas sociales puedan ser calificadas como actos de sabotaje con fines políticos y, por tanto, como actos terroristas.

El rechazo a la nueva norma y la denuncia contra el "Proyecto X" coincide con un aumento de las protestas sociales en Argentina, en particular las de carácter sindical y aquellas protagonizadas por pobladores que rechazan la minería a cielo abierto y cuyos bloqueos han sido desalojados por la policía por orden de la Justicia

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