Los mercados versus las urnas

El gobierno de Cristina Fernández de Kichner inició antes de su segundo período constitucional la etapa de la "sintonía fina" con medidas de ahorro fiscal como la suspensión de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, la entrega del subterráneo de Buenos Aires al gobierno de la Ciudad y el reordenamiento de Aerolíneas Argentinas.

También dispuso la obligación a grandes empresas de ingresar sus dólares al país, las recomendaciones a las multinacionales para que limiten sus giros a las casas matrices y el blanqueo de los orígenes de los fondos utilizados para la compra de dólares.

Las medidas fueron adoptadas en el contexto de la crisis internacional que demolió a los gobiernos de Italia, Grecia y España, luego de haber signado otros cinco cambios en Europa, al tiempo que jaquea a las poderosas economías de Estados Unidos, Francia y Alemania.

Por un lado, Cristina intenta reorientar el gasto fiscal hacia actividades productivas que sostengan el año próximo el nivel de actividad amenazado por la crisis externa y, por el otro, pretende sostener el nivel de reservas, que podría ser impactado por la baja de precios de los comodities que exporta la Argentina, o por menores niveles de demanda en el comercio mundial.

La "sintonía fina" incluirá un debate entre empresarios, gremios y Estado, sobre cuestiones tales como inflación, inversión, subsidios, salarios y precios, en el marco de un pacto social
tendiente a aliviar las tensiones propias del crecimiento y las derivadas de la crisis internacional.

En el fondo, el objetivo oficial no es otro que sostener los dos pilares del modelo kirchnerista que fueron desde el 2003 el sostenimiento de los superávits gemelos, que incluyen la cuenta fiscal y la del comercio internacional.

Néstor Kirchner seguía personalmente la evolución de estos dos parámetros durante su gestión y Cristina heredó esa obsesión porque sabe que con esas dos cuentas en orden consiguió sortear tres embates contra el peso que fueron los antecedentes del que el gobierno acaba de contener tras la elección de octubre.

La Argentina no tiene como en otras épocas una deuda externa agobiante, ni un déficit fiscal que la obligue a fabricar dinero en forma descontrolada y el balance comercial cerrará el año con un saldo favorable superior a los 10 mil millones de dólares.

¿Cuál es el motivo entonces para una avalancha en manada sobre las casas de cambio y un abultado retiro de depósitos que hizo sonar la alarma de los bancos el viernes 11 pasado? ¿Cómo puede producirse ese embate en un país que crece, genera empleo y en el cual la máxima autoridad del Estado fue reelecta para cuatro años más con un porcentaje de votación inusual?

Pues bien, esos datos políticos y económicos positivos que juegan en contra de cualquier carga sobre el peso, son precisamente los que -junto a la crisis externa- motivaron la corrida potenciada por los grandes medios que profetizaron un cataclismo.

El éxito del modelo económico preanuncia que el gobierno no modificará el rumbo en el futuro, mientras que su resonante victoria electoral indica que no tiene competidores capaces de forzar tampoco un cambio político en lo inmediato.

Derrotados en las urnas y en la realidad económica, los poderes fácticos intentan con las corridas forzar al gobierno para que aplique el ajuste ortodoxo que vienen reclamando.

Pretenden contener la inflación con podas drásticas en el gasto fiscal que frenaría el crecimiento y el consumo, al tiempo que promueven una drástica devaluación que promovería una reasignación de ingresos en contra de los asalariados y, encima, provocaría más inflación.

Por la vía de los hechos, conseguirían así que el gobierno aplicara un plan económico de enfriamiento contrario al que los argentinos votaron en las urnas. Por las dudas, la Presidenta avisó que las metas de su gobierno no marchan en ese sentido