El revuelo de las actas de ETA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reclamado explicaciones al Gobierno acerca de las informaciones que, en los últimos días, se vienen divulgando sobre la base de las actas que la banda ETA elaboró sobre los encuentros que mantuvo con representantes del Gobierno en las negociaciones para el final de la banda entre el verano de 2006 y mayo de 2007. Primero, el lunes, en el diario El Mundo, y a continuación, el martes, en el diario El País, se han proporcionado esos “papeles” de la banda, indudablemente  incómodos para el gobierno, que revelan los términos de las discusiones que se produjeron con los representantes de la banda, las reclamaciones que hizo y las tensiones que produjeron. A esas actas de ETA se han añadido este miércoles otros documentos más, los que se contienen en la documentación que la jueza francesas LeVert ha trasladado a los jueces de la Audiencia Nacional, con algunos elementos nuevos de esas mismas negociaciones entre gobierno y ETA en lo que se refiere al llamado Caso Faisán, o chivatazo a ETA. El lenguaje del principal líder de la Oposición se ha endurecido considerablemente, y de nuevo, ha llegado a surgir una cierta amenaza de ruptura del pacto antiterrorista que viene teniendo muy benéficos efectos en la relación de los dos grandes partidos y en la propia lucha contra el terrorismo etarra. Rajoy reclama la presencia de Rubalcaba en la Cámara para dar explicaciones, y Rubalcaba muestra su satisfacción por lo que se hizo entonces, y que ha conducido a la feliz situación actual, cuando nos hallamos, asegura, en el principio de final de la banda ETA... Todavía hay nuevos elementos de juicio, que proporciona este miércoles el diario El País: Las manifestaciones de los tres negociadores que en representación del Gobierno se reunieron con la dirección de la banda en 2006 para tratar de conseguir el fin de la violencia. Buena parte de las preguntas formuladas iban encaminadas a conocer si el Ejecutivo había dado instrucciones para reducir la intensidad en la lucha antiterrorista. Como explica el diario, el secreto de sus declaraciones y de las de una docena de mandos de las fuerzas de seguridad -Policía, Guardia Civil, Ertzaintza y antiterrorismo francés- que tenían la misma finalidad, así como el de las denominadas actas de las reuniones realizadas por ETA ha sido levantado antes de que la sección segunda de lo Penal se pronuncie sobre si el caso, con el que el PP lleva meses atacando al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es competencia de la Audiencia o de un juzgado de Irún (Guipúzcoa). Los tres negociadores que han declarado ante el juez, a petición de la Fiscalía, son Jesús Eguiguren, Javier Moscoso y José Manuel Gómez Benítez. Los dos primeros, sobre la reunión que mantuvieron con ETA el 22 de junio de 2006. El último, sobre la reunión de septiembre de aquel año. Según el relato que ahora se conoce, en la primera, a Eguiguren y Moscoso los etarras les plantearon lo ocurrido en el bar Faisán. En la segunda, ya con Gómez Benítez, nunca hablaron de la delación, sino que recriminaron que hubiera habido 58 detenciones -entre ellas todas las practicadas por el juez Grande-Marlaska por el caso Faisán-, lo que, según ellos, era un incumplimiento de los pactos a los que habían llegado previamente y lo que suponía la ruptura de la negociación. Los tres negociadores, a los que el juez ha dado ahora la condición de protegidos junto a otros dos interrogados, señalaron que las reuniones eran "como una partida de ajedrez", en las que se trataba de convencer al adversario con todo tipo de recursos, incluidas las medias verdades o incluso mentiras. Igual que intentaban ellos. Por su parte, los etarras reprochaban a los negociadores que el Gobierno no pusiera fin a las detenciones, o que no se permitiera reunirse a los miembros de Batasuna, mientras que los negociadores señalaban como incumplimientos las cartas de extorsión a empresarios, conocidas como impuesto revolucionario, los movimientos de rearme, tanto de armas como de explosivos, y la creciente kale borroka o lucha callejera. Unos y otros insistían en diferenciar lo que eran incumplimientos de lo pactado y lo que eran “accidentes”, es decir,  aquellos incidentes que producían tensión en el proceso, pero que no eran responsabilidad de ninguna de las partes. Los negociadores del Gobierno argumentaban que las detenciones ordenadas por los jueces no podían ser controladas desde el Ejecutivo, como ocurre en los países democráticos. Y evidenciaron que no tenían ninguna vinculación con los jueces y fiscales, que obviamente no aceptarían instrucciones para ser benevolentes con etarras por juzgar...Por si faltaba algo, o alguien, en este cóctel, también ha intervenido José María Aznar, para proclamar que los socialistas tienen siempre un problema con la legalidad y la ley, y que buscan atajos con la negociación... Aznar, sin duda, pretende olvidar su propia fase de conversaciones y negociaciones con la banda terrorista ETA y las cesiones que entonces hizo, por ejemplo, en traslados y  acercamiento de presos etarras...