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Crisis de la minería

Villanueva pide informar a la Audiencia Nacional y Supremo de que las eléctricas pagan un carbón que no reciben

Villanueva pide informar a la Audiencia Nacional y Supremo de que las eléctricas pagan un carbón que no reciben



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha instado al ministro de Industria, Miguel Sebastián, a dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que presente un escrito ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo para informar de que las compañías eléctricas están pagando a las mineras sin recibir el carbón y demostrar así que la medida cautelar que suspende el Real Decreto de ayudas del carbón no tiene ningún sentido jurídico en un procedimiento como el que está establecido en estos momentos.

"Es de libro, esa es una prueba evidente de que no hay que adoptar medidas cautelares", ha manifestado el consejero, que ha pedido explicaciones al ministro de Industria sobre lo que va a hacer con la minería de este país después de que la UE haya aceptado prorrogar el reglamento del carbón en cuatro años pero a cambio de reducir las ayudas para los próximos ocho ejercicios.

El consejero ha sido tajante al asegurar que se trata de "la peor solución" de todas las que se habían puesto sobre la mesa ya que sólo se ha demorado el plazo hasta 2018 mientras que las ayudas no se vinculan al funcionamiento sino al cierre de las empresas. Así, ha informado de que en un plazo de quince días a contar desde ayer habrá que presentar un plan de cierre en 2011 para poder autorizar ayudas a las empresas que las quieran recibir, informa ep.

"Europa, con el consentimiento del Gobierno de España, ha optado por el cierre de la minería", ha advertido el vicepresidente segundo de la Junta, quien, tras recordar que la situación de partida es que las empresas están al borde de la quiebra, ha informado de que algún empresario ya le ha hecho saber que tendrá que entrar en concurso de acreedores en el mes de enero. "La situación es crítica", ha sentenciado el consejero, que ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez-Zapatero, de haber fijado una fecha de cierre al sector y que el propio consejero ha augurado para antes de 2014.

El consejero ha añadido a este asunto la necesidad de resolver el problema con las eléctricas, un asunto que es competencia del Gobierno de España, según ha recordado.

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, su portavoz, el leonesista Joaquín Otero, que ha compartido la reflexión del consejero sobre que el primer trimestre de 2011 será "clave" para el sector con la posibilidad de que se presenten esos concursos de acreedores, ha recordado que esta situación se puede evitar si las compañías eléctricas retiran el recurso al Real Decreto y si los tribunales competentes levantan la suspensión cautelar.

"El daño es ya irreparable", ha explicado Otero, que ha asegurado no entender algunas decisiones judiciales sobre este asunto.
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