Ahora bien, se espera un debate tenso ya que IU acusará a
Zapatero de vulnerar la Constitución decretando la militarización del sector y decretando luego una medida “excesiva” como es el estado de alarma y el PP le acusará de “imprevisión” y de actuar “tarde” para evitar el caos organizado. Desde luego,
Rajoy no desperdiciará la ocasión de debilitar un poco más la maltrecha imagen de Zapatero.
Aunque los populares han anunciado que se reservan la posibilidad de exigir responsabilidades políticas si no les convencen las explicaciones que dé el presidente, no se espera que el líder del PP llegue hasta el extremo de pedir dimisiones, en este caso la del ministro de Fomento,
José Blanco, como responsable directo de la situación. Todo llegará si las cosas empeoran, argumentan los populares.
La comparecencia del presidente se celebra a petición propia por lo que será meramente informativa en un pleno extraordinario con un formato reducido similar al de una convalidación de un decreto ley y en el que, tras la exposición inicial de Zapatero, los portavoces de los grupos intervendrán de mayor a menor. La Junta de Portavoces reunida este martes, decidió que en un principio -salvo que el propio presidente decida lo contrario-, no habrá réplicas, por lo que se estima que el pleno durará entre hora y media y dos horas. No habrá votación.
Protestas de Llamazares
El portavoz de Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares, ha protestado por considerar que este procedimiento no es el más adecuado para debatir un tema “tan delicado” y ha lamentado el escaso tiempo – diez minutos- que tendrán los portavoces de los grupos para fijar sus posiciones.
Llamazares adelantó que él criticará duramente la “estampida laboral general” de los controladores pero también opinará que el gobierno “no ha andado muy afortunado" a la hora de afrontar el problema, "le ha faltado finura”. No ocultará tampoco su abierta discrepancia sobre la decisión del Gobierno de aplicar una “medida excesiva” y, a su juicio, anticonstitucional como es la militarización de un sector económico y así se lo dirá durante el debate a Zapatero.
Rajoy dará un respaldo muy crítico
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Por su parte, el líder de la oposición, que será el primero en intervenir tras el presidente del Gobierno, respaldará en cualquier caso el decreto sobre el estado de emergencia establecido el pasado sábado por el Gobierno para hacer frente al pulso de los controladores aéreos. Pero antes de ello le lanzará la retahíla de reproches ya escuchados estos días durante la crisis en boca de varios dirigentes de su partido en donde se han ‘repartido’ los papeles.
Por un lado, la secretaria general,
María Dolores de Cospedal, se preguntó si el Gobierno “conocía las consecuencias caóticas y la reacción salvaje que podría tener el decreto aprobado el pasado viernes” (en alusión al que afectaba al convenio de los controladores), ante las veladas insinuaciones que vertió a su vez el PSOE por las supuestas reuniones que los populares habían mantenido en el Senado con representantes de colectivo. Y por otro, el secretario de Comunicación, Esteban González Pons, que llegó a hablar de “clarísima incapacidad del Gobierno” para solucionar la situación mientras ambos insistían en que Zapatero debería aclarar “por qué razón suspendió su viaje a la cumbre iberoamericana".
“Atentos” a las explicaciones de Zapatero
Pero el trazo grueso del discurso de Rajoy ha sido adelantado por Soraya Sáenz de
Santamaría, quien este martes, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ha
adelantado que estarán “atentos” a las explicaciones de Zapatero sobre cómo ha gestionado la crisis, pero no solo estos últimos días sino también, “los dos últimos años”, y actuarán “en consecuencia”. El dedo acusador se dirigirá sobre todo contra el ministerio de Fomento,
José Blanco, por ser “el directamente implicado”.
El PP, en este sentido, anda con la ‘mosca detrás de la oreja’ al ver que ahora parece que Blanco está dando un paso atrás en relación a aplicar sanciones o exigir las responsabilidades que había anunciado contra los huelguistas. Y es que el ministro ha dicho que hay que distinguir entre “los cabecillas" que dirigen el sindicato de la USCA y los que se sintieron “coaccionados” para no acudir a sus puestos de trabajo.
Sáenz de Santamaría explicó que su partido quiere que "se aplique la Ley en toda su extensión sobre quien haya incurrido en un ilícito de tipo administrativo o penal".
La portavoz del PP aprovechó también para deslizar algún reproche contra el presidente del Congreso,
José Bono, por haber mezclado en su “discurso institucional” con motivo del aniversario de la Constitución críticas a los controladores, que en tal caso competen hacer en la Cámara al Grupo Socialista.
Alonso: "eficacia indiscutible"
Precisamente, el portavoz del PSOE,
José Antonio Alonso, aseguró también en rueda de prensa que Zapatero dará en ese pleno “todo tipo de explicaciones” sobre su decisión de aplicar el estado de alarma.“El Gobierno ha actuado como debía, cuando debía y con una eficacia indiscutible” como respuesta al “chantaje de los controladores al país y a miles de ciudadanos”.
Alonso salió al paso de los temores que han surgido de que ahora no se castigue a todos por igual argumentando que las leyes se aplican “para exigir a cada uno lo suyo”. “Las leyes no exigen lo mismo a los que coaccionan que a los que hayan sido coaccionados”, dijo, para añadir a continuación que “el Gobierno va a ser absolutamente contundente en la exigencia de responsabilidades a quien corresponda”.
En la Junta de Portavoces también se acordó que el martes de la próxima semana el pleno del Congreso debata la convalidación del Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros que especifica la jornada laboral de los controladores y que fue el desencadenante del conflicto.
Por el momento, el Gobierno sólo está obligado a informar al Congreso de la declaración del estado de alarma. Sólo en caso de que propusiera prorrogarlo – algo que no hay que descartar - debería someter el decreto a la autorización del Parlamento.
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