Gobernador del Bení será procesado penalmente por la justicia ordinaria

El 18 de noviembre pasado, el fiscal general Mario Uribe emitió un requerimiento acusatorio contra la autoridad departamental por la supuesta comisión de delitos de malversación de fondos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Este caso también involucra a la alcaldesa de San Ramón, Leny Ribera, por supuestas irregularidades en la construcción del camino vecinal San Ramón - San Joaquín - Buena Vista.

La determinación asumida por la Corte Suprema ayer abre las puertas para que Suárez sea alejado del cargo al menos temporalmente, mediante requerimiento fiscal. Así lo dispone la Ley de Autonomías en su artículo 144:

“Gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcal- des, máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales de las entidades territoriales autónomas, podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal”.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, confirmó a La Razón que si el Ministerio Público presenta acusación formal contra Suárez, “tendrían que suspenderlo temporalmente”. La decisión fue asumida por la Suprema luego de más de cuatro horas de debate en la Sala Plena e incluye también al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.

El  presidente del máximo tribunal de Justicia, Jorge Von Borries, explicó que en ambos casos se aplica la Ley 044, recientemente aprobada sobre los juicios de responsabilidades.

La pasada semana, el fiscal Uribe también envió otro requerimiento acusatorio en contra del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, actualmente detenido en el penal de San Pedro, de La Paz. Esa ex autoridad es acusada por supuestas irregularidades en la contratación de constructoras de desembarcaderos en las localidades de Puerto Rico y Puerto Pobre, Sena y Madre de Dios.

En esta denuncia también están involucrados: Roger Pinto Molina, Paolo Jorge Bravo, Carlos Camacho y otras ex autoridades.

De acuerdo con los datos obtenidos por La Razón, en el caso de Suárez, nueve de los 11 ministros votaron para que el actual Gobernador se defienda en la justicia ordinaria. “Dado el tiempo en que ha sido presentado (las acusaciones del Ministerio Público)”, agregó Von Borries. Además, anunció que los expedientes serán devueltos al Ministerio Público para que esta instancia inicie el proceso penal ante un juez ordinario.

Otros gobernadores como Mario Cossío y Rubén Costas también son investigados.