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Mercasevilla, el gran escándalo

Mercasevilla, el gran escándalo

El único político que parece tenerlo medianamente claro es el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Zoido sabe, como lo sabemos los periodistas que ejercemos nuestra profesión en "provincias", que cualquier denuncia por corrupción política que se haga en Andalucía dificilmente traspasa Despeñaperros. Ni TVE se hace eco ni a las "privadas" parece interesarles unos escándalos que no han seguido de cerca y que basicamente desconocen. Por ello ha optado por acudir regularmente a la sede de su partido en Madrid y dar allí una rueda de prensa que, en Sevilla, sólo tendría eco en los medios locales por muy grave que sea lo que se denuncia. Esta misma semana, acompañado del portavoz del PP, Esteban Gonzalez Pons, volvió a denunciar lo que aquí abajo se conoce ya como la mayor trama de corrupción política desde comienzos del siglo XXI: Mercasevilla.

El "Caso Mercasevilla" tiene de todo, intento de cobro de 450.000 euros en comisiones a empresarios de hostelería; la venta ilegal de suelos, un delito societario, personajes que nunca han trabajado para esta empresa pública y que han sido beneficiados por un ERE millonario, etcétera, incluidas las famosas mariscadas del principal implicado , Fernando Mellet, con el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos. En total hay actualmente catorce imputados entre ellos un delegado provincial de la Junta (Antonio Rivas), un ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla (Gonzalo Crespo) y el ex gerente de Urbanismo, mano derecha del alcalde y actual vicepresidente de la Asociación de Inetrés Ecnómico que agrupa a las empresas municipales, Manuel Marchena, pero la instrucción amenaza con salpicar a otros altos cargos tanto de la Junta como del Consistorio sevillano. Incluso han sido llamados como testigos el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín; y el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. La trama se está complicando tanto que el PSOE ha intentado por todos los medios recusar a la jueza instructora, Mercedes Alaya, buscando subterfugios legales hasta debajo de las piedras con el fin de que no continúe con sus investigaciones.

En una sociedad en la que se han perdido los valores, en la que el trabajo y la honradez priman por su ausencia, no es extraño que tengamos los políticos que tenemos. Son sólo el fiel reflejo de lo que podemos ver todos los días en el autobús, en el supermercado o un estadio de fútbol. Aquí hasta el más tonto hace relojes y el que no corre, vuela. Así no es de extrañar que se hayan producido casos tan esperpénticos como el de cuatro personas, entre ellas un dirigente del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, dicen que amigo de Gaspar Zarrías. Estas cuatro personas nunca trabajaron en Mercasevilla y, no se sabe cómo, han sido supuestamente beneficiados con una millonaria indemnización en el ERE (firmado por un director general de la Junta) de esta empresa. Un dinero que ellos afirman no haber cobrado nunca. Si ello es verdad y los que aparecen en los papeles no han recibido ni un euro, ¿a dónde ha ido el dinero? Lo dicho, una estafa absolutamente kafkiana.

Aunque el caso tiene todas las pecuilariedades de Rinconete y Cortadillo, de una novela de la picaresca del Siglo de Oro, y la bola ha ido engordando en los casi dos años de investigación, el Fiscal General de Estado ha hecho caso omiso a cualquier denuncia y el PSOE se ha negado en rotundo a la petición del PP e IU en para que el Parlamento andaluz abra una comisión de investigación que aclare todo este lío. Sé positivamente que, Juan, mi lector preferido dirá que todo el "Caso Mercasevilla" es un invento (como el de la mariscada) de los fachas en contra del progresismo de izquierdas. Pues qué bien. No passsa nada. Sigamos así que, al menos en Mercasevilla, se van a hartar de vender "chorizos". Al parecer de esos tienen bastantes excedentes en la empresa municipalizada de Sevilla.

P.D.-Magnifico. El ex vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco, que se vio obligado a dimitir tanto del cargo como de su puesto de diputado tras destaparse el escándalo de las millonarias subvenciones de la Junta recibidas por la emprea de su esposa, recibirá un cesantía de más de once mil euros. Al menos podrá subsistir sin agobios hasta que el partido le busque una nueva (y buena) colocación. Mi más sincera enhorabuena.
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