El Gobierno español, para empezar, no acepta esta postura hacia Kosovo, pero no buscará el enfrentamiento. El ministro de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, ha afirmado que nuestro Ejecutivo "respeta la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" con respecto a que la independencia de Kosovo no violó el derecho internacional y ha reconocido que "se abre ahora una nueva etapa".
No obstante, advierte de que "la única vía posible de solución de los conflictos es el diálogo" y ha puesto como ejemplo el "éxito" que cosechó la Reunión de Alto Nivel que se celebró en junio en Sarajevo bajo la presidencia española de la UE, que sentó en la misma mesa a representantes de Serbia y Kosovo.
Por su parte, Estados Unidos niega que el caso de Kosovo sea aplicable a otras regiones de Europa donde existan movimientos nacionalistas, en clara alusión a España. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano,
Philip Crowley, negó que el dictamen de la CIJ sea aplicable "a ninguna otra situación" al ser preguntado si esta decisión no podría dar alas a otros movimientos secesionistas como los existentes en País Vasco o Cataluña.
Aquí ya hay reacciones, claro está. El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso,
Gustavo de Arístegui, ha asegurado que su partido "respeta y acata" la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pero reitera que supone un "grave error" desde el punto de vista histórico y jurídico.
El secretario general de ICV,
Joan Herrera, ha considerado que España ha hecho "cierto ridículo" al no reconocer a Kosovo. Mientras, el eurodiputado de ERC
Oriol Junqueras considera que España se ha situado "fuera del consenso del derecho internacional" al no reconocerlo como país.
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