"Hoy han hecho país", ha expresado el socialista Rafael Simancas en el Congreso satisfecho del apoyo del PP que permite superar el primer trámite de la Ley de Puertos en el hemiciclo. En cambio, CiU, ERC y ICV se han opuesto frontalmente y han acusado los dos grandes partidos españoles de unir sus fuerzas sólo para adoptar medidas para recortar las competencias a las comunidades autónomas y aplicar un modelo centralizador. CiU y ERC han coincidido al afirmar que la Ley confeccionada por el ministro de Fomento, José Blanco, es "una auténtica Loapa". Ésta fue una ley que el Tribunal Constitucional (TC) tumbó durante la transición promovida por UCD y el PSOE y que preveía armonizar las comunidades autónomas.
El diputado de CiU Pere Macias considera que la Ley es una "vergüenza" porque supone una "grave y auténtica regresión de la autoridad portuaria" y ha añadido que el PP y el PSOE "se han quedado solamente" en una Ley que "lamina" las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de los puertos. Macias ha afirmado que se han servido de "mecanismos sibilinos" propios de la "tradición jacobina que une en PSOE y el PP en muchas ocasiones". También se ha quejado de que la ley incrementa la burocracia aumentando el personal y presupuesto de los puertos. En este sentido, ha dicho que "es un auténtico monumento a la democracia ineficaz". "A los pobres a presidentes de las autoridades portuarias se les tiene que dar el pésame porque los mataremos de un ataque al corazón", ha concluido.
Joan Ridao, presidente de ERC en el Congreso, ha tildado la medida de "auténtica Loapa portuaria rabiosamente centralista y antisocial". Ha añadido que el pacto entre el PP y el PSOE es "excepcional" por "involucionista y regresivo", a la vez que considera que acuerdos como éste responden a "una concepción de Estado de modelo radial". Ridao ha hecho notar que los dos grandes partidos españoles no han conseguido pactar medidas para renovar el Tribunal Constitucional (TC) o bien económicas para afrontar la crisis pero en cambio sí pactan cuestiones que afectan a los puertos o las cajas para que "se controle todo desde Madrid". El líder republicano ha dicho que las comunidades autónomas perdían peso y pasaban de once vocales a cinco, y que puertos como el de Tarragona o Barcelona tendrán que pagar más impuestos. Por parte de ICV, Joan Herrera ha denunciado que con la nueva ley hay "re-centralización de la buena" e incluso cierta privatización.
Andrés Ayala, del PP, ha dicho que ahora "los puertos serán más autónomos, mientras algunos querrían que fueran más autonómicos". Ha asegurado que los puertos tendrán "más libertad e independencia". El ministro de Fomento, José Blanco, ha defendido que la Ley ahora permitirá "avanzar en productividad y eficiencia en el marco de la justicia social y la sostenibilidad ambiental". El diputado popular ha insistido en que el apoyo del PP permite que sea la Ley de Puertos con más apoyo parlamentario de la democracia y también hacerla "sin apellidos políticos". Finalmente el dictamen se ha aprobado con 302 votos favorables y 25 de contrarios.
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