La corrupción es una atracción fatal que ciega todo prejuicio encendiendo los apetitos más ambiciosos. Sin embargo, también es un fenómeno tan antiguo como la invención de la rueda, el Estado o la constitución de jerarquías en una sociedad. En la medida en que la estructura social se hace más compleja, en que existe mayor división del trabajo y se establecen jerarquías que son claves para la generación de espacios para una elite, la corrupción emerge y ronda silenciosamente, como el aceite que se derrama con cuidado en el interior de un mecanismo.
Las prácticas corruptas tienen sus propios códigos, lenguaje y técnicas, y cuentan con todo un repertorio de previsiones estratégicas para obtener su premio, sobre todo cuando se consigue un puesto influyente en la administración pública, o se goza de los favores de algún cómplice que usa las oportunidades brindadas por el poder. La corrupción es el último refugio del fracasado, pero también del exitoso. Todos, en algún momento, podemos sentir una misteriosa tentación estimulada por secretas ambiciones. Ser ambicioso puede llevar a ejecutar los menesteres más despreciables con tal de trepar.
En América Latina estamos bombardeados por cientos de hechos históricos sobre corrupción. Se puede hacer un inventario de negocios lucrativos vinculados con sobornos y desvío de dinero en la recaudación de impuestos o en el sistema de compras estatales; tráfico de armas; blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico; desvío de créditos internacionales para engordar una burocracia especializada y claros delitos de peculado en diferentes ministerios de Hacienda o departamentos de desarrollo económico.
El soborno es la prueba empírica más notoria para comprobar la presencia de corrupción. En opinión del investigador norteamericano Michel Reisman, existen tres tipos de soborno:
a) El soborno de transacción, que se usa para acelerar un trámite cualquiera, muy común en América latina. No viola directamente las leyes establecidas, sino que las hace más dúctiles. Se emplea para ganar tiempo, lubricando todo papeleo. Este tipo de soborno es plenamente aceptado por la mayoría de las personas, cuya conciencia cotidiana razona así: "dado que el tiempo tiene un valor económico, el soborno de transacción otorga un beneficio extrasituacional; es decir, un extra para el salario de cualquier funcionario y este extra se convierte en un ingreso natural, una especie de propina".
b) El soborno que pisotea la ley; donde el beneficiario busca suprimir o no aplicar una norma que lo afecta. En estos casos, cuanto más rígida sea la norma, mayor será la tendencia a este tipo de corrupción. Su lugar privilegiado se encuentra en toda la estructura institucional de los ministerios estatales. Aquí, el soborno se revela como una mutua ventaja entre un burócrata corrupto detenta que transgrede las reglas a cambio de dinero, y la riqueza o influencia del corruptor, que logra desmantelar la normatividad del Estado para beneficio personal.
c) La compra descarada. En estos casos se compra a las personas y no a las normas, llegándose a constituir todo un sistema de "testaferros para la mafia", es decir, individuos a sueldo que cumplen las órdenes de un grupo de delincuentes o políticos, quienes colocan a un individuo en un puesto importante mientras favorece los intereses turbios del sobornador. La compra descarada es una manera, a veces coactiva, de crear y conservar ciertas lealtades necesarias. Esta característica es la que todavía identifica al patrimonialismo y prebendarismo en la estructura burocrática del Estado latinoamericano.
Hay muchas maneras de hacer dinero de manera rápida y privilegiada. Uno de los canales susceptibles de tal propósito es la posibilidad de echar mano de los presupuestos generales del Estado. Desafortunadamente, en América Latina es muy fácil encontrar "errores" hasta de simples sumas en el presupuesto de gastos. Normalmente, es después de aprobado un presupuesto cuando surgen los indicios de "fallos de aritmética", lo que puede llevar a una serie de manejos turbios, razón por la cual diferentes representantes del sector público, se ven obligados a hacer aclaraciones de todo tipo para justificar una serie de cifras que están literalmente patas arriba.
El uso político del dinero, así como los remanentes y cuentas secretas para algunos ministerios como los de Defensa, Hacienda e Interior, no se pueden controlar desde el Poder Legislativo. Distintos estudios realizados por Naciones Unidas o Transparency International para casi todos los países del mundo, revelan que, fruto de la corrupción, se pierde anualmente cerca de 700 mil millones de dólares. En América Latina, algunas hipótesis consideran que las pérdidas directas alcanzan al 3 % del PIB cada año, y otros hasta se aventuran a decir que los sobornos en todo el mundo llegan al trillón de dólares. Cifras inimaginables pero reales a la hora de aprovecharse de los débiles, aprovechar el poder, las influencias y burlarse del común de la gente honesta.
La corrupción es el santo y seña del capitalismo, por eso será imposible de combatirla, ya sea democrática o legalmente. La sociedad actual estimula constantemente el aprovecharse de los demás, a costa de manipular el poder y menospreciar a las grandes masas, identificadas como una sarta de perdedores. El capitalismo postmoderno ha mostrado que la crisis financiera surgida en los Estados Unidos en el año 2008, es una crisis de corrupción, descontrol y debilidad estatal que llevó a la quiebra a muchos bancos, desprestigiando cualquier aproximación racional para el cultivo de la democracia y la rendición de cuentas políticamente.
La publicidad, el consumo masivo, los estereotipos del éxito y las campañas políticas de cualquier régimen democrático, señalan estímulos para corromperse y corromper a cada momento. Está en la sangre del sistema y, por lo tanto, es inútil pensar en destruirla, pues lo que debe desmantelarse es la máquina del sistema en sí misma.
El destino de dichos fondos, posiblemente es tan diverso como las comisiones sobre transacciones del Estado, el sobreprecios de proyectos y consultorías, la manipulación de las licitaciones de todo tipo, el negociado en la construcción de carreteras, etc. Otro mecanismo para el tráfico de dinero es el lavado de narcodólares en los sistemas bancarios, cuyos montos superan los novecientos millones de dólares por año, según Transparency International.
¿Cómo puede explicarse la corrupción? En la región, tanto civiles como militares están implicados en terribles hechos de corrupción. La razón radica en que toda la estructura institucional del Estado latinoamericano es víctima de lo que el politólogo argentino Guillermo O’Donell considera como la privatización de los espacios públicos. El aparato estatal en América Latina sufre, prácticamente desde la fundación de sus repúblicas, de los vicios del patrimonialismo: desempeñar las funciones públicas como si fueran propiedad privada de quien detenta, en un momento dado, el poder del Estado. Parece que en la cultura cívica y política de muchos funcionarios estatales no existe diferencia alguna entre lo público y lo privado y, por lo tanto, la gran mayoría de los políticos del continente no están en condiciones de concebir que sus conductas sean reguladas y controladas por reglas e instituciones políticas sólidas.
La corrupción crea una relación entre espacio y poder: cuanto más cerrado es el espacio, mayor poder y prestigio; y a la inversa, cuanto más abierto y público es el espacio, menor prestigio y poder. La corrupción no descansa en la ausencia de normas (anomia), sino en que cada funcionario público cree que puede sacar el provecho que quiera de las instituciones. Cuando no hay una separación efectiva entre lo público y lo privado, el funcionamiento de las leyes depende de quién comete el crimen, pues éste sabe cómo manejar las normas a su gusto, valiéndose de una serie de sofismas jurídicos o artilugios contables cuando es acusado. Hasta las matemáticas sirven para encubrir la corrupción porque, como señaló el matemático Quetelet, “las estadísticas son el arte de mentir con precisión cuando las circunstancias así lo requieren”.
Las leyes no escritas de la amistad, de la casa (donde el dueño hace lo que le parece con su propiedad privada) y del compadrazgo, siempre interferirán el universo de los espacios públicos en América latina. La privatización de lo público hace que el soborno se convierta en una inocua recompensa que las autoridades reciben a cambio de su investidura. El colmo de la corrupción surge, entonces, cuando los altos funcionarios públicos consideran que sus cargos son un negocio propio.
Esta fenomenología de la corrupción exige debatir cómo sobre una estrategia para la reforma del Estado, tomando en cuenta esta cultura política de la privatización de lo público. La democracia tiene que tender a construir un nuevo tipo de Estado con una racionalidad interna que deje atrás las atávicas prácticas del prebendarismo. Los desafíos que plantea esta realidad requieren más que respuestas creativas de parte de la ingeniería política latinoamericana: hoy se necesita un compromiso colectivo fundacional, es decir, una refundación política para instaurar un nuevo tipo de sociedad en la que se instalen los códigos éticos que vinculan la libertad a la responsabilidad.
Para ello es necesario un enorme esfuerzo por limitar el poder de cualquier líder, y si alcanza la imaginación, ver la posibilidad de transformar el sistema. De otro modo, se pierde el tiempo porque la corrupción está debajo de cualquier mesa y en todo país. Mirar a nuestro alrededor y pensar cinco minutos en las acciones corruptas que nos acompañan, sería suficiente para darse cuenta de una realidad sinceramente pútrida.
Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program, [email protected]
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