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Señalan restricciones a la libertad de expresión

Ramírez calificó de “descontextualizado” el informe de la CIDH

Ramírez calificó de “descontextualizado” el informe de la CIDH

La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, desestimó los alegatos que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en un informe sobre la situación venezolana; por considerarlo “sesgado, selectivo y parcializado”. La CIDH afirmó en su informe que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la hostilidad hacia los disidentes, la violencia y la impunidad "limitan seriamente la vigencia" de los derechos en el país.

Ramírez dijo que su institución no reconoce a la Comisión como organización imparcial y que la comisión generaliza en el informe situaciones en Venezuela, a raíz de opiniones de personajes de la oposición venezolana.

La funcionaria dijo que “la Comisión recoge las cifras descontextualizadas, pero no dice que en Venezuela, gracias a una política de Estado, las cifras de abusos policiales y ejecuciones extrajudiciales han disminuido”, reseñó Unión Radio.

"En Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación", recalca la CIDH en su esperado documento, que tiene 322 páginas.

En "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", el primer informe que la CIDH dedica íntegramente a este país desde 2003, el organismo dice además que el Gobierno de Hugo Chávez ha adoptado una actitud de "rechazo" hacia las recomendaciones de organizaciones internacionales con el argumento de van contra la soberanía nacional.

La CIDH, que ha tenido que elaborar el análisis sin haber podido visitar Venezuela, ante la negativa del Gobierno a autorizarla, considera que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para proteger mejor y de manera más efectiva los derechos humanos.

El informe podría servir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantearse por primera vez iniciar seriamente un debate en torno a sus denuncias y estudiar qué consecuencias tienen en virtud de lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.

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