El TSJC ordena realizar un derribo a una empresa pública, al no cumplir el Ayuntamiento

En un auto hecho público este miercoles, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC invoca el principio de colaboración al que deben atenerse todos los poderes del Estado para encargar a la empresa pública Tragsa que derribe doce chalés de la urbanización Las Llamas II, en Argoños, tras haber vencido el plazo de seis meses que había dado al Ayuntamiento para que cumpliera esa sentencia.
El TSJC ya adelanta que cobrará al Ayuntamiento el coste los trabajos necesarios para tirar esas viviendas, pertenecientes a la promoción "Santiago Martínez Isla", que fue declarada ilegal hace diez años por carecer de estudio de detalle y por estar proyectada en parte sobre suelo rústico de protección forestal.
La Sala anuncia además que embargará con esa finalidad aquellos bienes municipales que no estén afectados a usos o servicios públicos, por lo que da diez días al Consistorio para que le informe de los bienes de su patrimonio que no responden a esa consideración.
El TSJC ha tomado esta decisión tras haber requerido reiteradamente al alcalde de Argoños, Juan José Barrutabeña (PP), y a su antecesor, Joaquín Fernández San Emeterio (también del PP), para que cumplieran las sentencias firmes de derribo que pesan sobre una docena de urbanizaciones en su municipio, en ocasiones con multas coercitivas o apercibimientos de denuncia ante el fiscal.
A los últimos requerimientos de la Sala, el Ayuntamiento de Argoños había respondido que no tiene medios ni recursos económicos para cumplir las órdenes de derribo y que no ha encontrado bancos dispuestos a concederle financiación para pagar esos trabajos.
Decisión sin precedentes
En vista de ello, el TSJC recurre por primera vez a una ejecución subsidiaria de sentencia y requiere la colaboración del grupo Tragsa, "formado por tres empresa de capital íntegramente público", cuya finalidad es actuar "al servicio de la administración".
En la misma situación que los doce chalés de Las Llamas II se encuentran medio millar de viviendas repartidas en una veintena de urbanizaciones de los municipios de Arnuero, Argoños, Escalante, Miengo y Piélagos que también tienen sentencias de derribo y que el Gobierno de Cantabria ha intentado salvar proponiendo una serie de reformas urbanísticas y normativas destinadas a legalizarlas.
Hasta la fecha, el TSJC ha negado validez jurídica alguna a las soluciones legalizadoras realizadas por el Gobierno regional cada vez que ha tenido ocasión de examinarlas, como ha ocurrido con las dos urbanizaciones de la playa de Cerrias, en Liencres.
De hecho, en ese caso, hace sólo unas semanas que dio al Ayuntamiento de Piélagos un plazo "improrrogable" de seis meses para que ambas urbanizaciones estén derribadas.
En el auto conocido este miércoles, la Sala se refiere de nuevo al Plan del Gobierno en estos términos: "Dada la confusión que se aprecia sobre el valor jurídico del Plan de Actuación presentado por el Gobierno de Cantabria , conviene recordar que no aporta ninguna solución frente a la ejecución de la sentencia dictada en los autos y por la que se acuerda el derribo de las viviendas ilegalmente construidas".
Para la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne la mayoría de los afectados por las sentencias de derribo, la decisión del TSJC conocida este miércoles "supone un mazazo para la esperanza de unos ciudadanos que sólo están pidiendo a los distintos poderes públicos que les representan medidas que propicien una solución no traumática para familias que han resultado ser víctimas inocentes de 'irregularidades' administrativas".

AMA lamenta la "situación de injusticia"
En un comunicado, el presidente de AMA, Antonio Vilela, se lamenta de que a cada avance para solucionar la situación, le siga "una resolución contraria a los intereses" de las familias afectadas por parte de los tribunales. "Pedimos a todas las instituciones que entre todos ayudemos a que cese esta situación de injusticia, tal como han solicitado el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo y el Parlamento de Cantabria ", dice Vilela, que demanda para los afectados por estas sentencias la misma solución que se ha adoptado en comunidades autónomas como Galicia, Canarias, Andalucía o Baleares, entre otras.
AMA demanda además que se dé una oportunidad a la opción de "subsanar los errores cometidos por las administraciones", sin tomar decisiones "irreparables" sobre situaciones "que pueden tener una solución dentro del marco de la legalidad vigente".