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Se iban a invertir 180 millones de soles

Proinversión detuvo el proyecto habitacional de Collique

Proinversión detuvo el proyecto habitacional de Collique

Contrariamente a lo que se esperaba, el consejo directivo de Pro Inversión canceló la iniciativa privada para el desarrollo de un megaproyecto de vivienda de interés social en el terreno de 640.000 metros cuadrados del otrora Aeroclub de Collique.

El proyecto —que fue declarado de interés por Pro Inversión en julio del 2007— suponía la construcción de un mínimo de 16.000 viviendas bajo los programas Techo Propio, Mi Hogar y Mivivienda, para lo cual se habría requerido una inversión aproximada de US$180 millones.

Cabe recordar que el proyecto inmobiliario denominado Ciudad Sol de Collique fue adjudicado en agosto del 2008 al Consorcio Collique, integrado por Graña y Montero y Besco. Sin embargo, la constructora DH Mont —autora de la iniciativa privada— presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional , que le dio la razón el 11 de mayo del año pasado. La empresa GMV —de Graña y Montero— luego habría negociado con DH Mont para que esta constructora desarrolle el 20% del proyecto.

El acuerdo de Pro Inversión Nº 329-01-2010, publicado ayer en “El Peruano”, explica que un informe técnico legal del 9 de febrero estableció un conjunto de circunstancias “relacionadas al valor de los inmuebles, las garantías para el Estado, insuficiencia de fondos para la construcción del nuevo aeródromo… que de no ser reconocidos finalmente a favor del Estado, podrían acarrear grave perjuicio para sus intereses”.

VOZ DE PARTE
Para Marco Puga, gerente financiero de DH Mont, la decisión de Pro Inversión sorprende y establece un antecedente nefasto que podría ahuyentar la inversión privada. Sobre las medidas que tomará la firma, el abogado Alberto Otárola refirió que hoy presentarán a Pro Inversión un pedido de reconsideración, pues “lo publicado en “El Peruano” no tiene sustento jurídico y va en contra de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), que es inapelable”.

Al respecto, Jorge León Ballén , director ejecutivo de Pro Inversión, respondió que la agencia cumplió estrictamente con la sentencia del TC y el titular del Sexto Juzgado en lo Constitucional así lo constató. Sin embargo, añadió, cuando se “comenzó a negociar el contrato, se detectaron ciertas debilidades del proponente que llevó a la decisión de cancelar el contrato”.

Otárola negó los presuntos vicios, prueba de ello —afirma— es que ya se había avanzado con el 98% de la negociación del contrato, incluso “se tenía fecha para su firma esta semana”.

Ante ello, León Ballén respondió: “No es verdad que se haya fijado la fecha, ni que se hubiese terminado de negociar el contrato”.

Consultado sobre la polémica medida, Arturo Ruiz, abogado del estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados, explicó que si fuera el caso de que ambas partes no hubieran llegado a un acuerdo y se hubiera concluido el plazo de negociación, Pro Inversión tenía la potestad de dar por cancelado el proceso. Pero —aclaró— si la cancelación hubiese sido unilateral, la firma afectada podría recurrir nuevamente al Poder Judicial para exigir que se respete su derecho a un debido proceso.

Pese a la polémica, León Ballén reafirmó que el Gobierno tiene la voluntad de construir viviendas en el terreno aludido, lo cual se puede instrumentar bajo varias vías que se evaluarán en su momento.

 

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