La Ley de Economía Sostenible presentada por
Rodríguez Zapatero el pasado miércoles en el Congreso ha abierto ya una seria brecha en el Ejecutivo socialista, en la que se ha visto de forma clara la descoordinación que existe entre Ministerios. La brecha la ha abierto el aspecto más polémico de la ley: el que propone la creación de una comisión reguladora con poderes y competencia para 'secuestrar' publicaciones en Internet sin resolución judicial previa, algo que desde muchos foros se ha tachado ya de inconstitucional y que recuerda al régimen franquista y a la actual dictadura china.
El mundo de los
bloggers, de las redes sociales, de los internautas en general se ha echado a la calle con la antorcha en mano, y con razón. El PP también se ha unido a la polémica y ha pedido la dimisión de la ministra de Cultura, la cineasta
Ángeles González-Sinde,
desautorizada el jueves por Zapatero y a la que se acusa de defender sus propios intereses y la de su grupito más cercano.
Pero
Diariocrítico ha podido saber que en este caso González-Sinde, pese a sus intereses personales en el tema, no es la gran culpable: el Gobierno está buscando a quien, desde el Ministerio de Economía y Hacienda, metió de rondón en la Ley de Economía Sostenible el que sea el Gobierno el que pueda cerrar una web sin mediación judicial. "Ése es el auténtico responsable del desaguisado", han dicho a este periódico medios gubernamentales. Es decir, que la pelota está en la vicepresidenta segunda.
Elena Salgado.
El trasfondo de la historia
El Gobierno, a través de las presiones del 'sindicato de la ceja' y de la propia ministra de Cultura, lleva meses estudiando cómo regular las descargas en Internet, uno de los grandes problemas que plantea el uso de la red de redes. Con tal fin, durante unos meses y hasta el pasado mes de octubre, los Ministerios de Industria y de Cultura crearon una comisión con una 'coalición de creadores' -que agrupa a las sociedades de gestión, como la propia SGAE- y con Retel, que agrupa a las operadoras.
Las discusiones fueron duras, pero no se pudo llegar a un acuerdo para regular las descargas, o, lo que es lo mismo, luchar contra la 'piratería' en Internet. Al estar las posiciones en las antípodas, el Gobierno decidió en octubre cancelar esa comisión y crear otra nueva que agrupa a expertos de los Ministerios de Interior, Cultura e Industria. Esta comisión debía terminar sus trabajos a principios de 2010, con una regulación que satisficiera a todos.
Sin embargo, a 'alguien' desde el Ministerio de Economía y Hacienda se le ocurrió la brillante idea de saltarse esa comisión e introducir en la Ley de Economía Sostenible el cierre gubernativo de webs, recogiendo exclusivamente el sentir de los representantes del 'sindicato de la ceja'.
Una vez conocido el citado anteproyecto de ley, las alarmas estallaron en los Ministerios de Interior, Cultura e Industria, que buscan al autor de la idea que ha incendiado Internet y ha movilizado a blogger y redes sociales.
ZP desautoriza; De la Vega contemporiza
Ante la reacción de los internautas, las alarmas empezaron a sonar en Moncloa. El Gobierno está dividido, porque ya ha calado socialmente la idea de que González-Sinde, el 'fichaje estrella' de Zapatero, ha enseñado sus verdaderos argumentos: actuaría de lobby para los intereses de unos pocos. Pero en este caso, a Sinde -conocida como 'ministra_sgae' o la 'ministra_cine', también le han metido un gol. Zapatero y su ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, se apresuraron a decir que
nadie va a cerrar páginas webs, y mucho sin control judicial.
Así las cosas, la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros ha echado un capote a la ministra González-Sinde:
lo dicho por Zapatero un día antes "no supone una desautorización a la ministra, ésta es una iniciativa del Gobierno", al tiempo que asegura que "el presidente del Gobierno considera que es una tarea que la ministra está llevando adelante acertadamente". De la Vega salía así al paso de la petición de dimisión de la ministra de Cultura planteada por el Partido Popular y por las redes sociales.
De la Vega ha reconocido que "estamos ante un tema complejo, con muchas vertientes, que abordaremos en su conjunto" en España y en Europa, y ha dicho que "la cuestión no debe ser planteada como un enfrentamiento entre dos sectores, sino de armonizar derechos e intereses vinculados a la red y a la propiedad intelectual".
La vicepresidenta pidió también una "reflexión" en este tema, asegurando que el Gobierno es sensible a los creadores y a los internautas, pero que el "gobierno tiene que garantizar y armonizar los derechos de todos". Es decir, que "es posible potenciar nuestra cultura también como motor de crecimiento social y económico y no hacerlo de espaldas a los derechos de los internautas".
Así las cosas, De la Vega ha insistido en que "éste es un tema del Gobierno, que estima que es imprescindible fortalecer la propiedad intelectual en la red", pero que "el anteproyecto de ley es eso, un anteproyecto" y que a lo largo de su tramitación parlamentaria ya se verá si tiene que haber una intervención administrativa, cuándo debe ser la intervención judicial, etcétera. En definitiva, que "hay salidas, hay vías diversas".
Si (
No(
