El depuesto Zelaya seguirá las elecciones generales desde la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, adonde llegó por sorpresa el 21 de septiembre pasado, después de casi tres meses de exilio desde el golpe de Estado que le dieron los militares el 28 de junio, el mismo día en que lo expulsaron del país.
El gobernante de facto, Roberto Micheletti, por su parte, se ha ausentado del poder desde el pasado día 25, aunque sin renunciar al cargo, según anunció en un mensaje al país por radio y televisión el pasado 19 de noviembre.
Micheletti dijo entonces que se ausentaría del Gobierno para permitir un período "de reflexión" a los hondureños con motivo de las elecciones generales de este domingo.
El proceso electoral se ha desarrollado entre la crisis política derivada del golpe de Estado, las amenazas de boicot del Frente Nacional de Resistencia por el derrocamiento de Zelaya y la campaña a favor de las elecciones de los cinco candidatos presidenciales en la contienda.
El candidato independiente, Carlos Reyes, un reconocido dirigente sindical de izquierda, renunció a tres semanas de los comicios porque Zelaya no fue restituido en el poder.
Por su parte, el minoritario Partido Unificación Democrática (UD, de izquierda), confirmó su participación en las elecciones hasta el pasado día 21, en una asamblea que celebraron en Tegucigalpa y en la que respaldaron a su candidato, César Ham.
Los otros partidos que participan en la contienda son el Liberal, en el poder; el Nacional, primera fuerza de oposición, y los minoritarios Democracia Cristiana e Innovación y Unidad-Social Demócrata.
Para muchos hondureños y extranjeros es inconcebible que los principales actores de la crisis política que vive el país desde el golpe de Estado sean todos del gobernante y conservador Partido Liberal, comenzando por Zelaya.
Micheletti, lo mismo que el actual presidente del Parlamento, José Alfredo Saavedra, también pertenece al Partido Liberal, incluso también el fiscal general del Estado, Luis Rubí, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera.
En el caso de Micheletti, quien era presidente del Congreso Nacional cuando fue derrocado Zelaya, fue designado con carácter interino el mismo día del golpe de Estado al frente del Ejecutivo por una resolución del Legislativo, que los diputados calificaron como una "sucesión constitucional".
Un portavoz del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicó a Efe que el padrón electoral para los comicios del 29 de noviembre es de alrededor de 4,5 millones de personas, de las que un millón viven fuera del país, en su mayoría en EEUU, "con quienes no se cuenta porque no votan".
En ese sentido, añadió que los aptos para votar en el país serían unos 3,5 millones de hondureños, de los que un poco menos de 20.000 podrán ejercer el sufragio en seis ciudades de Estados Unidos: Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami y Nueva Orleans.
En opinión de la misma fuente, que solicitó el anonimato, "si votan al menos dos millones de hondureños, el proceso será un éxito, porque alrededor de esa cifra concurrió a las urnas en las elecciones del 2005", que le dieron el triunfo a Zelaya.
Los candidatos favoritos son Porfirio Lobo, del Partido Nacional, y Elvin Santos, del Partido Liberal, ambos conservadores y pertenecientes a dos institutos con más de un siglo de historia.
Lobo, perdedor con Zelaya en 2005, busca la Presidencia por segunda vez, mientras que Santos era vicepresidente del derrocado gobernante, pero renunció en 2008 al cargo para presentar su candidatura.
Cualquiera de los candidatos que gane asumirá los destinos de un país huérfano del reconocimiento internacional y suspendido como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde el 4 de julio pasado.
La comunidad internacional, que desde el golpe comenzó a exigir la restitución de Zelaya y anunció que no reconocía al régimen de facto de Micheletti, también adelantó que desconocerá la validez de las elecciones del domingo, a excepción de algún país.
Uno de los retos para el próximo Gobierno de Honduras será la falta de apoyo financiero para una nación con 7,8 millones de habitantes que figura entre las más pobres del continente americano, junto con Bolivia, Haití y Nicaragua.
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