Militares de El Salvador, investigados por asesinar a 14 jesuitas

Según informaron este martes fuentes jurídicas, Velasco admitió la querella presentada el pasado 13 de noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), en la que además de denunciar a estos catorce militares se querellaban contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, que no será investigado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional instruirá la causa por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.

La querella presentada por la APDHE y la CJA, con sede en San Francisco (EEUU), se apoya en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.

Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Al ex presidente Cristiani, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en 1989, se le acusaba de ser "cómplice" por "encubrir" el crimen, y a catorce miembros del Ejército salvadoreño de ser "los responsables" del mismo.

Se trata de los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando y Francisco Elena Fuentes.

La demanda incluye también a los tenientes Carlos Camilo Hernández, José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara.

Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, así como el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.

Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a los demandados de "crímenes contra la humanidad" y de "terrorismo de Estado".