Parece ser que el gobierno ha decidido poner mano firme contra todos aquellos que inciten a la violencia, incluso sus autoridades. El Ministerio del Interior dispuso el inicio de acciones legales contra el presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, y otras 46 personas por los actos de violencia ocurridos durante el paro regional desarrollado los pasados 11 y 12 de este mes, que dejó como saldo dos personas muertas. Otros dirigentes agricultores y revoltosos detenidos durante los disturbios también serán denunciados.
El titular del sector, Luis Alva Castro, autorizó mediante resolución ministerial al procurador público a cargo de los Asuntos Judiciales, Jacobo Romero Quispe, que denuncie a quienes resulten responsables por la presunta comisión de una serie de delitos.
Durante la paralización regional del 11 y 12 de abril se registraron bloqueos de carreteras, ataques a unidades de transportes interprovincial, daños a la propiedad pública y privada, y alteración del orden público.
Durante los disturbios fallecieron el agricultor Marvin Gonzales Castillo a consecuencia de un disparo, y la anciana Iris Gil Tirado por un paro cardiaco, mientras se encontraba en un ómnibus varado por la obstrucción de vías.
Es por ello que el Ministerio del Interior denunciará a Alvarez Aguilar y los demás implicados como presuntos autores materiales e intelectuales de los delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, contra los poderes del Estado, y contra la administración pública.
Junto al presidente regional de Ancash, también será denunciado el alcalde de Huarmey, Pedro Tapia Marcelo, dirigentes gremiales y de asociaciones de base, así como ciudadanos detenidos durante las movilizaciones.