Redacción | Miércoles 23 de octubre de 2013
La procuradora popular Ana Isabel Hernández
Morán ha defendido este miércoles el derecho a huelga pero ha advertido
de que en el caso de la huelga educativa prevista para este jueves,
hay un intento de manipulación a las familias y a los alumnos.
De este modo se ha pronunciado la procuradora del PP en su
intervención en el Pleno de las Cortes donde ha defendido la Ley de
Mejora de la Calidad Educativa aprobada por el Gobierno de la nación
ante una PNL del Grupo Socialista que reclamaba el rechazado de las
Cortes y de la Junta a esta norma del ministro José Ignacio Wert que
supondrá un gasto de 51 millones de euros en Castilla y León con
desdobles, institutos abiertos por la tarde o modificaciones de rutas, a
lo que ha sumado otros aspectos como la segregación temprana del
alumnado o la devaluación de la FP.
"Hay que hacer frente a los problemas detectados en el sistema
educativo", ha respondido Hernández Morán, para quien los datos de los
distintos estudios, como las cifras de abandono temprano, "avalan" la
reforma de la Educación. "Un Gobierno responsable no puede quedarse de
brazos cruzados", ha considerado.
La procuradora 'popular' ha defendido que el Gobierno de la nación
ha estado abierto "en todo momento" al diálogo y a la participación
ciudadana, con modificaciones al anteproyecto y en la tramitación en el
Congreso, y ha reclamado al Grupo Socialista verdadera voluntad de
diálogo ya que "aún hay tiempo" para mejorar la norma en su trámite en
el Senado.
En este sentido, se ha mostrado convencida de que la nueva Ley no
supondrá un retroceso en el sistema educativo de Castilla y León sino
que, al contrario, permitirá mejorar "aún más" los "excelentes
resultados" que ha conseguido además de corregir diferencias entre
comunidades.
Por su parte, la procuradora socialista Ángela Marqués ha
advertido de las "nefastas" consecuencias de la Ley para el presente y
para el futuro de los alumnos al ceder, además, ante el "lobby" de la
Conferencia Episcopal a pesar de que ahora, "en una distorsión de la
realidad", diga que no está conforme. Para la portavoz de Educación, la
LOMCE priorizará la educación privada frente a la pública y pondrá las
bases para convertir este derecho en un negocio.
Del mismo modo, ha exigido una reprobación del Grupo Popular al
"desprecio" manifestado por el Gobierno al derecho al ejercicio de
huelga y al papel de los profesores, de los que se ha asegurado que
secundarán el paro porque tienen trabajo, en lo que la socialista
considera un flaco favor a la autoridad del profesorado. Marqués, que se
ha mostrado del lado de la "mayoría clamorosa" en contra la de "Ley de
la wertgüenza", ha recordado además que el pasado curso se despidieron
1.000 interinos en Castilla y León.
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes
de Castilla y León también ha rechazado este míercoles en el Pleno una PNL
presentada por el PSOE para instar desde la Junta al Gobierno central a
retirar la propuesta de reforma de las pensiones y a abrir una
concertación social dentro del Pacto de Toledo, al considerar el PP que
la remodelación permitirá garantizar el sistema más allá de 2019 porque
en la situación actual es "insostenible".
Así lo ha aseverado el procuraror 'popular' Raúl de la Hoz, que ha
explicado el rechado de su grupo a la PNL presentada por el PSOE y
defendida por Julio López y a la que el PP ha presentado una enmienda en
la que ha planteado que desde las Cortes se inste a la Junta a que, a
su vez, se dirija al Gobierno " a fin de desarrollar un sistema de
pensiones que garantice su suficiencia presente y futura y asegure que
las pensiones van a crecer".
Durante su comparecencia, De la Hoz ha asegurado que el PSOE busca
con su PNL que "se evite que nadie en el futuro congele las pensiones
como ellos hicieron hace dos años" y ha recordado que el Gobierno de
Rodríguez Zapatero es "el único" que en Democracia ha congelado las
pensiones.
Por su parte, Julio López, que ha defendido la PNL presentada por
su grupo, se ha referido al "elevado volumen de personas" que en la
Comunidad se verán afectados por esta reforma y así se ha referido a
70.000 agricultores, 240.000 parados y 600.000 pensionistas y se ha
mostrado convencido de que con esta reforma el Gobierno "sólo busca
aliviar el déficit a base de frenar el poder adquisitivo de las
pensiones".
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