El pacto elimina la cláusula de revisión ligada al crecimiento de la economía
Redacción | Viernes 30 de noviembre de 2012
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha suscrito este viernes en
Valladolid el Pacto sobre Derechos de Representación Sindical con
miembros de las organizaciones que forman parte de la Mesa General de
Empleados Públicos, que son CSI-F, UGT, CCOO y la Federación de
Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES). Con ello se adelanta a mañana
la reducción del 31% de los liberados sindicales en la Junta de Castilla
y León, que inicialmente se iba a efectuar en dos años. La medida
permite que la Administración autonómica ahorre 13,6 millones anuales.
El Consejo de Gobierno aprobó el jueves el
contenido del acuerdo como trámite previo a su firma,
lo que hace posible su inmediata entrada en vigor. Era necesario
suscribirlo después de que el pasado verano el Gobierno de España
derogara todos los convenios en materia de representación sindical
-entre ellos el que existía en Castilla y León desde 2006- mediante el
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Esta normativa
estatal estableció límites a las liberaciones sindicales en las
administraciones públicas, mandato que la Consejería de Hacienda había
cumplido anticipadamente en febrero, cuando acordó con los
representantes de los trabajadores una rebaja del 31% que se llevaría a
cabo entre 2012 y 2013. En concreto, el número de liberados en la Junta
debía pasar de 950 a 658 en dos fases: el 40% menos este año y el 60%
restante el que viene.
El documento
suscrito introduce como novedad que anticipa la reducción de
los liberados al 1 de diciembre de 2012. Así será en todos los ámbitos
de la Administración autonómica salvo en el caso del personal docente,
que tendrá de plazo hasta el 31 de julio de 2013 para hacerla coincidir
con la finalización del curso escolar.
Junto a esto, el
nuevo Pacto sobre Derechos de Representación Sindical elimina la
cláusula de reversión ligada al crecimiento de la economía que recogía
el acuerdo anterior. Esta disposición determinaba que se retornaría a la
situación inicial de liberaciones sindicales si el Producto Interior
Bruto (PIB) de la comunidad superaba el 2,5% durante dos trimestres
consecutivos.
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