Cecilia Guardati | Lunes 10 de noviembre de 2014
Al día siguiente de la consulta independentista simbólica de
Cataluña, el gobierno regional de Artur Mas aparece hoy más legitimado que
antes para exigir un referéndum oficial al Ejecutivo central de Mariano Rajoy,
quien por su parte sigue negando el problema catalán y, de esta forma, refuerza
su imagen intransigente y añade más leña a un fuego que cada vez será más
difícil de apagar.
Por más que Madrid insista en que la consulta no oficial
organizada por el gobierno catalán era "antidemocrática e inútil", la
imagen de más de dos millones de catalanes votando por primera vez y de forma
mayoritaria a favor de la independencia refuerza la idea de que el separatismo
catalán supone una amenaza real para España.
En ese sentido, para el gobierno catalán y los partidos
soberanistas que defienden el "derecho a decidir" -una consigna que,
de manera muy inteligente y a base de una confusa propaganda oficial, suplantó
al derecho de autodeterminación- han sido todo un éxito.
El resultado de la consulta, con el 81% de los votantes a
favor de la secesión, no iba a suponer ninguna sorpresa, puesto que la votación
había sido organizada por el gobierno catalán junto con el resto de partidos
soberanistas y las organizaciones sociales que promueven la independencia.
La clave estaba en la capacidad de movilización de los
independentistas y en la reacción que generaría la iniciativa en los ciudadanos
catalanes que, a pesar de no simpatizar con el proyecto soberanista, rechazan
la actitud autoritaria y centralizadora del gobierno conservador de Rajoy.
Madrid quizás cometió el error de vetar también una votación
que a los ojos de muchos se había convertido en un simple ejercicio de libertad
de expresión, después de que el referéndum planteado inicialmente fue
suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) español.
La sobreactuación del Ejecutivo español, inevitable dentro
de su propia lógica ante la rebeldía del gobierno catalán, convirtió la
consulta en un acto heroico de libertad, y en un hito para el soberanismo
catalán.
Si las grandes manifestaciones independentistas de los
últimos tres años había movilizado a más de un millón de ciudadanos, esta vez,
los separatistas elevaron el techo, al conseguir que votaran 2.305.290
personas, según la cifra final del gobierno catalán.
Es cierto que fue una gran movilización, pero en términos
electorales representa a un 37% del electorado. Como no existía un censo
oficial, el gobierno estimó que podrían votar unas 5,4 millones de personas
-sumados los jóvenes de entre 16 y 18 años que no están habilitados para votar
con la ley vigente y los extranjeros residentes-. Aunque datos del INE
(Instituto Nacional de Estadísticas) elevaron la cifra orientativa a 6,3
millones.
"¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso
afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?", fue la doble
pregunta que debían responder los votantes. El "sí-sí" obtuvo un
80,7%, el "sí-no", el 10%, y el "no-no" un 4,4%.
Aquí hay que tener en cuenta algunos matices. El voto
"sí-no", que estaba llamado a ser un voto protesta, a favor del
derecho al sufragio y a exigencia de un cambio en la actual relación entre
Cataluña y España, fue bastante más bajo de lo que se esperaba.
Pero en el voto "sí-sí" tampoco se puede leer de
forma totalmente homogénea. Hace falta escuchar los argumentos de los distintos
votantes catalanes para entender que aquí también hubo insatisfacción y
rebeldía.
El voto reflexivo de la reconocida activista Ada Colau,
fundadora de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), y hoy
impulsora del partido Guanyem Barcelona, una alternativa de izquierdas para
gobernar en la capital catalana, resulta representativo.
Colau asegura que no es ni nacionalista ni independentista y
critica con dureza a Mas y su partido "corrupto" CiU, que
"intenta utilizar el proceso catalán para mantenerse en el poder dejando
en segundo plano su política de recortes y privatizaciones".
No obstante, votó "sí-sí". ¿Por qué? Colau cree,
en primer lugar, que "si nos niegan el principio democrático del voto, hay
que votar masivamente". Pero además, considera que "más allá de los
partidos, hay un movimiento popular en Cataluña que está reclamando más y mejor
democracia". Considera -y este un argumento que es común escuchar en
muchos catalanes convertidos al independentismo- que la movilización catalana
tiene un fuerte componente anti-régimen que representa una oportunidad
democratizadora no sólo para Cataluña sino para toda España.
Los partidos que respaldaron la consulta informal del 9N
(por el domingo), consideraban que la cita sería un éxito si alcanzaban los 2,1
millones de votos que obtuvieron conjuntamente -CiU, ERC, ICV y CUP- en las
últimas elecciones regionales de 2012, que fueron el inicio del actual proceso
soberanista. Fue entonces que acordaron impulsar un referéndum para que los
catalanes pudieran "decidir su futuro". Entre los votantes que
apoyaron la opción "sí-sí" (1,8 millones) y "si-no"
(230.000), acariciaron el objetivo. Pero el separatismo, y el gobierno catalán
lo sabe, demostró ayer tener un gran potencial.
En cambio, el gobierno central de Rajoy no se ha movido de
su estrategia de negación y sigue apostando por el veto de todas las
iniciativas vinculadas al reclamo soberanista de Cataluña. Mientras el PSOE
pide una reforma federal de la Constitución y una negociación urgente con Artur
Mas, Rajoy ordenó a la justicia, a través de la Fiscalía del Estado, que
investigue si el presidente catalán cometió un delito al desobedecer al
Constitucional con la consulta. Parece remoto un cambio de actitud, pero si no
se produce seguirá alimentando una creencia muy difundida en Cataluña: Rajoy y
su Partido Popular (PP) son "la mayor fábrica de separatistas" que ha
existido jamás.
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