Tras declararse en quiebra
Viernes 15 de agosto de 2014
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, encabezó una reunión
en la que el gobierno nacional garantizó la continuidad laboral a los
trabajadores de la imprenta, a pesar de que la misma se declarara en quiebra,
según indicaron fuentes oficiales.
Capitanich encabezó el encuentro con los representantes
sindicales de los trabajadores de la firma de capitales estadounidenses
del que participaron también los
ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi; y de Seguridad,
Cecilia Rodríguez; y los funcionarios bonaerenses Alberto Pérez (jefe de
Gabinete) y Oscar Cuartango (Trabajo).
La empresa Donnelley presentó su quiebra el 8 de agosto y le
fue concedida 3 días más tarde, algo que fue leído por el gobierno nacional como
una maniobra desestabilizadora dado que esa firma no tenía una deuda
significativa.
En ese contexto, el Gobierno -a través de la AFIP- presentó
un pedido de revocatoria de quiebra ante la justicia comercial fundado en que
la empresa no tiene una deuda significativa, sus activos son superiores al
pasivo y no registra oscilaciones en su producción durante los últimos años.
El objetivo del Gobierno es que la justicia cite a Donnelley
para que reformule su petición y busque una solución alternativa para mantener
los más de 400 puestos de trabajo y asegurar la continuidad de la empresa.
Por otra parte, la AFIP también fue la encargada de
presentar la denuncia penal contra la empresa de capitales norteamericanos
Donnelley Argentina SA por el delito de Alteración del Orden Económico y
Financiero previsto en el Artículo 309, Inciso 1, apartado A del Código Penal.
Esa denuncia, que fue anunciada por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, recayó en el juzgado federal a cargo del juez
Daniel Rafecas, quien deberá dar vista a la fiscalía para que determine si
corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.
El magistrado está de licencia hasta la próxima semana y es
subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría.
El juzgado deberá ahora dar vista a la Fiscalía, a cargo de
Patricio Evers, para que elabore un dictamen que dé impulso a la investigación
si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado.
La presidenta anunció ayer que reclamaría a la Justicia la
aplicación de la ley antiterrorista sobre la imprenta multinacional por
considerar que intentó alterar el orden económico y financiero al declarar su
quiebra.
Allí, vinculó a la empresa Donnelley con NML, el fondo
buitre liderado por Paul Singer, al que responsabilizó de articular que la
empresa haya presentado la quiebra el viernes en forma sorpresiva y sin motivo
ya que su patrimonio neto es positivo.
El artículo que pudo haber sido quebrantado dispone que será
condenado a prisión de uno a cuatro años quien "realizare transacciones u
operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores
negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas,
negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de
la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de
negociarla a un determinado precio".
Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada,
calificó hoy como "extemporáneo y planificado" el pedido de quiebra y
cierre "prácticamente simultáneo" de la imprenta Donnelley ya que
consideró que no existen "razones económicas ni productivas" que
justifiquen la medida.
En diálogo con la prensa al recorrer una fábrica de
alimentos en la localidad bonaerense de Garín, el ministro insistió en que se
intentará "preservar las fuentes de trabajo" y la productividad de la
empresa ante lo que calificó de "maniobra artera".
En ese sentido, Tomada insistió en que detrás del cierre de
la empresa se encuentra la acción de un fondo buitre, y dijo que hay
"pruebas suficientes" para demostrarlo ante la justicia.
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