Mara Laudonia | Martes 22 de julio de 2014
La audiencia celebrada en Nueva York dejó el claro que el
juez Thomas Griesa no tiene interés en instrumentar las condiciones necesarias
para que Argentina alcance un acuerdo con los fondos buitre, y mientras el
magistrado dice que no quiere que el país caiga en default, la obligación de
cumplir con su sentencia antes del 30 de julio lleva a la Argentina
inevitablemente a ese camino.
Esto es, si la Argentina formaliza un arreglo con los fondos
buitre antes del 30 de julio -como es la pretensión de Griesa-, aún acordando
un pago en el 2015, podría estar violando la clausula RUFO -que pone en
igualdad de condiciones al resto de los acreedores ante una mejor oferta-, ya
que la misma tiene vigencia hasta diciembre de 2014.
Asimismo, si la Argentina no lo hace en ese lapso, con el
objetivo de no contravenir el contrato con los acreedores del canje, Griesa no
liberaría los fondos para que los bonistas del canje puedan cobrar el pago
realizado el 30 de junio e incluso los acreedores tampoco cobrarían los
compromisos previstos para septiembre y diciembre próximos.
En este escenario, Argentina entraría en desacato de manera
temporal al menos hasta enero próximo.
Resta por ver, asimismo, si los fondos depositados por
Argentina serían finalmente incautados
por Griesa, a cuenta del pago de los que holdouts que litigaron ante su
juzgado.
Y por último, una de las consecuencias es que transcurridos
dos meses más del 30 de julio, inversores del canje podrían pedir la
aceleración del pago de toda la deuda, según sus derechos contractuales, algo
imposible de cumplir para el país.
Cuando el juez convocó la semana pasada una audiencia para
hoy, algunos creyeron que quizá habría alguna consideración con los terceros
afectados o bonistas europeos, que siguen sin cobrar siquiera bonos emitidos
bajo ley local.
Pero Griesa se mantuvo en su postura de "sentencias son
sentencias", según dijo hoy al instar a la Argentina a negociar con los
fondos buitre de manera "continuada", a partir de mañana a las 10,
con el mediador Daniel Pollack.
Para Griesa, el stay "no es algo necesario para
negociar un acuerdo" y agregó que los "problemas" que plantean
los representantes de Argentina "son susceptibles de manejarse de alguna
forma en un arreglo".
De lo contrario, "habrá un default y eso es lo
peor" que puede pasar, advirtió el magistrado neoyorquino.
"No quiero que eso pase, la gente va a ser lastimada;
no buitres, sino gente real", se explayó el juez.
Es decir, el juez quiere forzar al país un arreglo bajo cualquier
circunstancia, y se niega a analizar las consecuencias que traería para el país
la eventual activación de la cláusula RUFO.
Jonathan Blackman, letrado que representa al país, dijo que
es "imposible" resolver el acuerdo en las instancias actuales y antes
de que el 30 de julio próximo -en ocho días- venza el plazo para que finalmente
se concrete el pago a los bonistas reestructurados.
Una curiosidad surgida de la audiencia, donde vale la pena
detenerse, fue que el primer tramo de la misma estuvo marcada por una
seguidilla de preguntas y respuestas en las que Griesa parecía por momentos no
lograr interpretar lo que explicaba el abogado de uno de los fondos litigantes,
Aurelius Friedman, quien intentaba argumentar su rechazo al aval que el
magistrado dio al Citibank, para pagar a bonistas con ley nacional en la última
audiencia del 27 de junio.
El juez le hizo repetir a Friedman su posición reiteradas
veces, generando la sorpresa de varios de los presentes ante la insistencia del
magistrado en volver a puntos que ya habían sido detallados, según pudo
advertir Télam.
Eso provocó que algunos de los presentes, que fueron
consultados por vía telefónica desde Buenos Aires, consideraran que el juez
"no emitió ninguna medida" ante los reclamos de las cajas de valores
europeas, el JP Morgan, y los bonistas europeos, entre otros, quizá porque comenzó
a darse cuenta del impacto que puede tener y que "se tomó su tiempo"
para meditarlo.
Tampoco resolvió las dudas planteadas por el Bank of New
York, que había pedido una clarificación sobre los fondos de los acreedores que
tiene congelados en sus cuentas.
El juez llamó al BoNY y a los representantes de los fondos
buitre a que sean ellos directamente los que traten "de arreglar
algo" que evite caer en los potenciales problemas de litigios futuros que
fueron sugeridos en la audiencia.
La visión de estos especialistas que estuvieron presentes en
la audiencia es coincidente con el comunicado que envió esta noche el
Ministerio de Economía, titulado "Griesa no resolvió nada, y los buitres
siguen amenzanado".
El magistrado, "no sólo no concedió una suspensión de su
sentencia", que permitiría el cobro de unos 539 millones de dólares por
parte de los bonistas que entraron al canje, "sino que además, no
pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO", enfatizó la cartera
económica.
Griesa, "pese a haber convocado a la audiencia para
resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República
Argentina con lo que él insiste en denominar `default`, repitiendo textualmente
las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres (ATFA)",
agregó el comunicado oficial.
Para Economía, "default es no pagar, Argentina paga. El
dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del
canje. El juez debe dejar
cobrar a sus legítimos dueños".
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