Schiavi en problemas
Lunes 05 de marzo de 2012
El juez que investiga el accidente ferroviario que hace dos
semanas causó 51 muertos en Buenos Aires prohibió la salida del país al
secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y a los dueños de la empresa de
trenes concesionaria del servicio, informaron fuentes judiciales.
La medida dispuesta por el magistrado Claudio Bonadío es
"preventiva y para garantizar el buen desarrollo de la investigación"
y no implica que los afectados estén imputados ni que vayan a ser indagados,
dijeron las fuentes, citadas por medios locales.
La resolución del juez, además de Schiavi y los hermanos
Claudio y Mario Cirigliano, dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA), alcanza al
subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; al titular de la
Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Eduardo Sícaro, y a otros
integrantes de la empresa ferroviaria.
El viernes pasado Bonadío aceptó al Estado nacional como
querellante en la causa que investiga el accidente, ocurrido el 22 de febrero
en la estación de Once cuando un tren de cercanías se estrelló contra una de
las cabeceras de la terminal, con un saldo de 51 muertos y 703 heridos.
Esta decisión, según las fuentes, fue apelada por el
abogado Gregorio Dalbón, quien actúa como querellante en representación de
heridos de la tragedia.
El letrado pidió además que Bonadío fuera apartado de la
causa al denunciarlo por el delito de prevaricación.
A su juicio, la decisión del juez de aceptar como
querellante al Estado da a personas que pueden estar imputadas en la causa la
posibilidad de "conocer de forma anticipada los elementos en los que se
basaría tal imputación".
Dalbón consideró que Bonadío cometió una "flagrante
violación" del Código Procesal Penal que reserva la figura de querellante
"en forma exclusiva a toda persona con capacidad civil particularmente
ofendida por un delito de acción pública".
El Gobierno argentino dispuso hace una semana la
intervención administrativa, técnica y operativa de TBA, a cargo de la
concesión del servicio de cercanías entre la capital argentina y la periferia
oeste de la ciudad.
La intervención fue dictada en carácter temporal y cautelar,
mientras se investigan las causas del siniestro.
Al abrir el pasado jueves un nuevo período parlamentario, la
presidenta argentina, Cristina Fernández, reiteró que espera que en un plazo de
15 días estén listas las pericias que determinen las responsabilidades del
accidente para poder así tomar una decisión de fondo sobre la concesión de TBA.
Los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN)
aprobaron el pasado viernes por unanimidad un informe de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte sobre el estado de los servicios a cargo de TBA.
Durante la reunión, Alejandro Nieva, uno de los siete
integrantes de la AGN, destacó que el informe "es muy revelador e
importante" para que "el Poder Ejecutivo y la Justicia tomen
decisiones" sobre la concesión del servicio ferroviario.
Para el titular de la AGN, Leandro Despouy, "se
verificaron causales de incumplimiento (del contrato de concesión) muy
reiteradas y graves".
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