Los nuevos papás podrían cambiar sus 13 días de permiso a cuatro semanas

Se aprobará previsiblemente este mismo martes, para adelantar la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas, frente a los 13 días actuales, en los casos de nacimiento, adopción o acogida. La ampliación de este permiso exclusivo para el padre no tendrá coste alguno para las empresas ya que se hará a cargo de la Seguridad Social.

    La portavoz de Igualdad de CiU en el Congreso de los Diputados, Mercè Pigem, ha explicado que la Ley Orgánica de Igualdad (3/2007/de 22 de marzo) establece un permiso de 13 días por paternidad, ampliable hasta cuatro semanas de forma gradual en seis años. Lo que persigue la Proposición de Ley de CiU, ha concretado, es “acortar el período de implementación de esta medida”, con el objetivo de dar un “nuevo impulso a la protección de las familias, incentivando al mismo tiempo la implicación efectiva de los hombres en la responsabilidades familiares”.

    Pigem ha recordado que CiU lleva dos legislaturas defendiendo este permiso de cuatro semanas para el padre, y así lo defendió a través de una enmienda parcial al proyecto de Ley de Igualdad, que no logró prosperar por no contar con el apoyo del PSOE. La parlamentaria de CiU reconoce el avance que supuso esta Ley al incorporar un permiso individual y exclusivo para el padre, si bien considera que la duración del mismo en 13 días es “insuficiente”, y no resulta efectivo para lograr el objetivo de “que los padres se involucren en la corresponsabilidad del cuidado de los hijos e hijas”.

    Además, la portavoz de Igualdad de CiU ha recalcado el “enorme éxito” de acogida que ha tenido el permiso de paternidad desde su entrada en vigor a raíz de la Ley de Igualdad, tal como lo constata los datos de la Seguridad Social. En concreto, éstos ponen de relieve que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, sólo un reducido número de hombres optaban por compartir el permiso parental en el período comprendido desde las seis semanas tras el parto a las 16 semanas de permiso de maternidad. A modo de ejemplo Pigem ha citado que en el año 2007 únicamente lo solicitaron 5.204 hombres de un total de 331.642 permisos otorgados. 

    A partir de la aplicación del permiso de paternidad exclusivo e individual derivado de la Ley de Igualdad han sido un gran número de padres los que lo han solicitado. Desde el mes de marzo de 2007, cuando entró en vigor la citada Ley, hasta diciembre de ese año se beneficiaron del mismo 173.161 padres, y en los ochos meses desde enero de 2008 hasta septiembre hicieron lo propio un total de 209.442 padres.

    Este éxito, ha agregado Pigem, corroboró la sensación de que el permiso de paternidad había nacido “corto”, y por ello CiU ya propuso en el programa electoral de las elecciones generales ampliar a cuatro semanas el mismo sin esperar el largo plazo de desarrollo de seis años previsto en la Ley.

    Este es el objetivo de la Proposición de Ley que se somete a votación en el Congreso, con la que se pretende “superar una discriminación legal que afecta todavía a todos aquellos hombres que, cada vez en mayor número, quieren asumir responsabilidad familiares ante el nacimiento de un hijo/a y en la actualidad tienen un derecho muy reducido”. Asimismo, ha señalado que la legislación “debe acompañar este cambio de mentalidad de un derecho más efectivo e igualitario”, y ha insistido en la necesidad de impulsar políticas de familia que aporten facilidades a quienes quieren tener hijos y ampliar el núcleo familiar.

    Por ello, CiU presenta esta Proposición no de Ley que quiere avanzar en la “corresponsabilidad” real entre padres y madres, y que pide igualmente al Gobierno que, en el marco de sus competencias y de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, lleve a cabo campañas de sensibilización con la finalidad de dar a conocer los nuevos derechos que podrán disfrutar los padres e incentivar la distribución a partes iguales de las responsabilidades familiares entre el padre y la madre.

    Asimismo, en la Proposición de Ley de CiU se insta al Gobierno a presentar, con carácter anual, ante las Cortes Generales un seguimiento estadístico de las medidas introducidas en la presente Ley y su grado de aplicación para conocer su impacto social.