El objetivo de esta iniciativa es dar a los inmigrantes que hayan perdido su empleo y que deseen retornar a su país de origen la posibilidad de percibir, de forma acumulada y anticipada, la prestación por desempleo que tengan reconocida. Se pretende así favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí.
Recibirán sus prestaciones en dos plazos: uno, primero, aquí en España, por el 40 por 100 de su importe, y el resto, allí, en su país, al mes siguiente. Pasados tres años desde el retorno voluntario, el trabajador podrá solicitar de nuevo la autorización para vivir y trabajar en España. Pasados cinco años, tendrá derecho preferente.
Hay aproximadamente 100.000 inmigrantes que estarían en situación de acogerse a esta medida por estar en situación de desempleo, aunque es evidente que no todos querrán hacerlo. Muchos de ellos son de Marruecos, Ecuador y Colombia, aunque hay hasta 19 países que podrían ser beneficiarios de la medida: aquellos con los que España mantiene convenios bilaterales de Seguridad Social.
Se trata de una medida de carácter permanente y no coyuntural, de la que han sido informados los interlocutores sociales y el Parlamento, así como las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Inmigración.
Si (
No(
