"Si abandonan a los ciudadanos durante la crisis, habrá rebelión en la calle"

Lleva pocas semanas como portavoz en la Comisión de Inmigración. ¿Cómo ha encontrado la situación?
Aunque no esté cerrada la evaluación del plan que termina en 2008, sí sabemos, o deberíamos saber, cuáles han sido los principales problemas para corregirlos en el siguiente. El anterior plan salió con poca capacidad de diálogo e interrelación y no reflejaba unos objetivos claros, así que no ha hecho avanzar los principios de igualdad de derechos de ciudadanía e interculturalidad.

¿En qué ámbitos?
En educación no se han coordinado bien los recursos, faltan aulas de enlace y ayudas al estudio para que los alumnos inmigrantes mejoren sus competencias. A veces se deja entrever que la participación de los inmigrantes en el sistema es casi una penalización y, si no se ponen los medios necesarios, no se resuelve el gran esfuerzo que hace la escuela pública, prácticamente en solitario, por la integración de la población inmigrante.

¿Qué hay del empleo?
Madrid es una de las regiones con mayor brecha salarial entre autóctonos e inmigrantes, estos últimos reciben solo un 65 por ciento del salario de los españoles y muchos trabajan en sectores precarios, como la construcción y los servicios. En cuanto a la vivienda, no se ha hecho ni una actuación para intervenir en la situación de hacinamiento y de estafa en la que muchos se encuentran. Solo se habla de que hay muchos inmigrantes en un piso o barrio, pero no se habla de la especulación de los propietarios. Por tanto, el derecho a la vivienda de la población inmigrante, además de ser insuficiente, tiene elementos de descontrol muy severos. Y eso es un déficit del plan.

¿Qué ocurre con los servicios sociales?
La Comunidad está separando a ambas poblaciones a través de centros de participación de inmigrantes o redes alternativas, pero ha de ser capaz de cumplir con sus obligaciones de servicios públicos para todos. Tiene que haber más escuelas infantiles y una fortaleza en la sanidad porque es una población receptora de derechos, pero también de obligaciones.

¿Cómo podría remediarse esto?
Hay que volver a poner sobre la mesa estos objetivos y corregirlos. Primero tiene que haber un debate amplio con toda la sociedad y después deben establecerse mecanismos de coordinación de las administraciones: el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos, que al final son quienes ejecutan las acciones. Y hay que ampliar los derechos y convertir al empleo en el eje vertebrador del plan.

¿Esperan algún cambio sustancial en el Plan de Integración 2009-2011?
 Nosotros vamos a rechazar cualquier nuevo plan que vuelva a analizar la situación que ya conocemos, porque lo que queremos son respuestas. Ya conocemos la situación: en vivienda están las cosas mal, en empleo hay una brecha salarial, en educación faltan recursos para la integración en mejores condiciones para el éxito y en servicios sociales puede que también haya problemas. Queremos que el Plan de Integración esté dotado de recursos y sobre todo que tenga una memoria económica clara en función de los objetivos.

Los CASI y los CEPI han servido hasta ahora de 'bandera' de la política regional de inmigración. ¿Qué opina de estos dispositivos?
No se pueden crearse redes dispersas y específicas solo para la inmigración, porque esta política no solo diversifica recursos, sino que no beneficia el proceso de la integración. No hacen falta dos redes separadas.

La crisis está afectando a todos los sectores, pero los primeros en sufrirla han sido los inmigrantes, que trabajan en sectores con más precariedad. ¿Está preparada la Comunidad de Madrid para reconducir la situación?
Sería injusto que, mientras crece nuestra economía y simulemos ser una sociedad de bienestar, demandemos mano de obra para trabajar en precario en los sectores que a nosotros nos interesen, y después, cuando viene una mala racha, negarles la cobertura de sus necesidades. Habrá que hacerlo, porque son ciudadanos de pleno derecho y los mismos criterios valen sin diferenciación alguna entre españoles y extranjeros; faltaría más. Y claro que la Comunidad debe estar preparada; entre otra cosas porque, cuando reclama recursos al Estado, argumenta que en Madrid hay más población, con lo cual suponemos que ya saben la población real a la que debe atender. Además, tiene que hacerlo en una sola y en el marco de un sistema de protección.

¿Hay recursos suficientes?
La necesidad de protección no es exclusiva de la población inmigrante; la crisis la sufren todos. Nadie entendería que quien ha especulado y ha provocado esa crisis financiera con la permisividad de los Estados esté siendo rescatado con el dinero de todos y se deje de atender las necesidades de los ciudadanos. La gente no va a consentir que con sus impuestos se rescate el desmadre de quienes nos han traído hasta aquí, y si no, aviso a navegantes: habrá una rebelión en la calle.

¿Están tan integrados los inmigrantes como dice la Consejería?
La mejor integración son los derechos, las garantías y los servicios para todos. La integración no viene por lugares específicos, con asociaciones diferentes o recursos diversificados, sino por el conocimiento de los derechos y las obligaciones de nuestro país.

¿Habrá que esperar a las segundas generaciones para que los inmigrantes mejoren sus condiciones?
Los modelos de integración, en teoría, buscan la superación de agrupaciones aisladas. Por eso, hay que trabajar de forma preventiva para que nuestro modelo de integración no sea el de la dispersión ni que, a falta de políticas públicas, se produzca una reagrupación por zonas. Y la Administración está dejando que el libre mercado y la precariedad resuelvan esos problemas.

¿Tiene sentido crear una Consejería de Inmigración?
Si hace lo que tiene que hacer, que es coordinar las políticas que tengan que ver con la integración, sí. No tiene sentido una consejería a la que le falte solidez para intervenir en política o que se ocupe de aspectos colaterales sin entrar en el fondo de la cuestión. Tiene sentido si su voluntad de forma transversal es intervenir en las políticas públicas con un criterio definido y claro de integración y, en lugar de pelearse con todo el mundo, se convierte en un elemento de coordinación.

¿Y está haciéndolo?
No. La Consejería de Inmigración tendría que contar cómo condiciona, por ejemplo, la política de vivienda. Eso no significa que de cada promoción de viviendas haya que destinar tres para inmigrantes, sino resolver de verdad los problemas de vivienda tanto de inmigrantes como de españoles. No se está haciendo y, como resultado, hay agrupaciones fruto de la precariedad.