La Comunidad incluía la regulación en la Ley de Espectáculos Públicos que
estaba tramitando, pero finalmente, según explicaron a
Madridiario fuentes de la consejería de Presidencia Justicia e Interior, ha decidido separarla dada la necesidad de dar una respuesta rápida.
Ni seguridad ni peleas
Según el Decreto, que este jueves presentó el consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, los porteros -cuyo número en la actualidad se desconoce ya que su actividad no está regulada- ejercerán única y exclusivamente las funciones de control de acceso a las discotecas, bares de copas o salas de fiestas. Se asegurarán de que no entren menores en los establecimientos, de pedir el documento de identidad a la entrada, de que no se saquen bebidas alcohólicas al exterior y de limitar el acceso si el local está lleno o va a cerrar.
En ningún caso, recalcó Granados, podrán ejercer funciones de seguridad que ya les estaban prohibidas por la Ley de Espectáculos Públicos y la Ley de Seguridad Privada. En el caso de que se produzca una pelea, deberán avisar al personal de seguridad específico (los locales con aforo para más de 700 personas estarán obligados a tenerlo), a la Policía o la Guardia Civil. Sólo mediarán "cuando la urgencia lo requiera" para preservar "la integridad física de las personas".
Un examen en toda regla
La normativa entrará en vigor en los próximos días. A partir de entonces, los actuales porteros tendrán cuatro meses para sacarse el carnet de 'controlador de acceso'. Para ello no podrán tener antecedentes penales y deberán someterse en la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid a un test psicológico y otro psicotécnico similares a los que actualmente pasan los agentes. Por último, tendrán que aprobar un examen sobre derechos y libertades básicas, medidas de seguridad y régimen jurídico de los menores de edad. El carnet se renovará cada 5 años.
Francisco Granados advirtió que aquel local que no tenga a sus porteros en regla se enfrentará a una falta "muy grave" y a sanciones que irán desde los 30.000 euros al cierre temporal o definitivo en caso de existir reiteración. Ahora bien, recalcó que la competencia de inspección está en manos de la Policía Nacional
que dirige la Delegación de Gobierno.
No estaba la Policía
Respecto a la
muerte del joven Álvaro Ussía, el consejero de Interior negó que haya habido dejación por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid respecto a las numerosas
denuncias que acumulaba la discoteca de El Balcón de Rosales. El vicepresidente autonómico, Ignacio González, aclaró durante la Presentación de Ley que la muerte fue "fuera del local", donde el orden público compete a la Delegación del Gobierno, a pesar de lo cual allí "no había presencia ni actividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".
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