"La fábrica que cierra es muy difícil reabirla"
UGT y CCOO defienden su "responsabilidad" negociadora en los "sacrificios" aplicados a trabajadores para evitar cierres
domingo 29 de diciembre de 2013, 14:27h
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y
UGT en Castilla y León han defendido su "responsabilidad" a la hora de
negociar con los empresarios expedientes de regulación de empleo (ERE)
que implican el despido de trabajadores y el empeoramiento de las
condiciones laborales a fin de evitar el cierre de empresas, ya que
"fábrica que cierra es muy difícil que reabra".
Así lo ha subrayado el secretario autonómico del CCOO, Ángel
Hernández, quien en una entrevista concedida a Europa Press ha realizado
balance de los múltiples casos de ajuste de plantilla y amenaza de
cierre en empresas a los que se ha enfrentado su organización durante
este 2013 que concluye, lo que en muchas ocasiones ha obligado a los
trabajadores a admitir "sacrificios" que permitieran evitar que los ERE
suspensivos se convirtieran en extintivos y se produjeran despidos
masivos.
No obstante, Hernández ha advertido de que los sindicatos no
aceptan "chantajes" y ha rechazado como norma general la disyuntiva
entre rebaja de salarios o despidos, al tiempo que ha indicado que "no
todas las empresas se enfrentan a la misma situación económica", al hilo
de lo cual ha destacado la "complejidad" de cada negociación.
El líder regional de CCOO ha respondido así a las voces que acusan
a los sindicatos de ser poco beligerantes con las empresas y de aceptar
empeoramientos en las condiciones salariales ante el miedo de que se
produzcan recortes en las plantillas.
En este sentido, ha puesto como ejemplo la resistencia de los
sindicatos a aceptar las pretensiones de los empresarios, como en el
caso del servicio de recogida de basura de Madrid, donde la "victoria"
que supuso el que finalmente no se produjeran despidos no ha estado
exenta de "sacrificios salariales importantes", por lo que ha concluido
que los trabajadores están dispuestos a realizar "un esfuerzo
colectivo", pero "no a aceptar una imposición".
Por ello, ha defendido también casos prácticos que afectan a la
Comunidad, como la negociación que ha permitido evitar el proceso
concursal en Panrico, una negociación "compleja" por las distintas
posturas de cada planta de la empresa, debido a que no todas se veían
afectadas de la misma forma en los ajustes a realizar.
Por su parte, el secretario general de UGT en Castilla y León,
Agustín Prieto, ha lamentado que "desde determinados sectores se critica
a los sindicatos por todo". "Si hacemos huelga nos critican porque la
hacemos; si firmamos los ERE, somos unos cobardes; si no los firmamos,
somos unos irresponsables", ha aseverado, frente a lo cual ha coincidido
con su homólogo en CCOO en que "cada caso es distinto".
"Si vemos que hay futuro para la fábrica, para evitar la extinción
de contratos aceptamos la suspensión e incluso algunos despidos, dando
futuro y viabilidad, porque empresa que cierra, no abre", ha
sentenciado.
Así, ha abogado por "no destruir empleo" y se ha comprometido a
mantener esta línea pese a la "dificultad" para "contentar a todos", si
bien ha recordado que estos acuerdos son refrendados por los
representantes sindicales en los comités de empresa, no "de forma
unilateral".
En cualquier caso, Prieto ha admitido que "por desgracia" la parte
"más débil" en una negociación es la del trabajador, el cual "debe
aceptar condiciones peores para mantener su empleo", aunque "a veces con
el acuerdo de recuperar esas condiciones cuando pase la crisis".
Frente a esto, Ángel Hernández se ha referido al cierre de la
radiotelevisión pública valenciana, que la Generalitat decidió después
de que los tribunales rechazaran el ERE planteado por la Dirección con
la oposición de los sindicatos.
Para el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y
León, aquello fue un "acto de chulería" del Ejecutivo levantino, que
"tiró por la calle de en medio" y renunció a los elementos negociadores
que "estaban puestos".
Al hilo de esto, ha alertado del mensaje que ha supuesto para "sus
primos ideológicos de Madrid" y ha pedido que otras instituciones del
Estado de Derecho "se pronuncien al respecto", aunque ha lamentado que,
dada la demora con que trabaja la Justicia, esto podría producirse
"dentro de ocho años".