Stop Desahucios entrega a la Junta más de 7.000 firmas recogidas en zonas mineras para reclamar su intervención

Así lo ha explicado el coordinador y portavoz de esta plataforma,  Juan Álvarez, quien ha asegurado que cada día hay "cantidad" de gente que pierde sus viviendas en estas zonas. Precisamente integrantes de esta plataforma, apoyados por los de Valladolid y otras ciudades, se han concentrado a las puertas de la Delegación de la Junta con pancartas en las que se podía leer "las cajas desahucian, Herrera consiente" o "vergüenza me daría echar a una familia".
 
Además, han coreado gritos y cánticos como "esto es una olla a punto de estallar, viviendas sociales, dación en pago ya" mientras permanecían concentrados a las puertas de la Delegación, donde se ha podido ver a políticos como el coordinador de IU, José María González, o la viceportavoz socialista en las Cortes, Ana Redondo.
 
En este marco, el portavoz de Stop Desahucios en estas zonas ha explicado que en las cuencas mineras hay "mucha gente" que lleva más de ocho meses trabajando "sin percibir un duro de salario" de varias empresas que han recibido subvenciones del Gobierno central y autonómico a través del Plan Miner, pero no saben "dónde está el dinero ni dónde ha ido".
 
Por ello, solicitan que la Junta intervenga y lleve a cabo una paralización "total y absoluta" de los expedientes judiciales de este tipo que hay en la cuenca minera, aunque extienden esta petición a todos los ciudadanos inmersos en un proceso judicial en toda la Comunidad.
 
Álvarez ha explicado que Castilla y León es una de las comunidades más grandes de España y los procedimientos de desahucio se llevan "a barrer", algo que ha afirmado que "es una locura, totalmente", por ello ha insistido en que piden que intervengan para la paralización total de los mismos y se exija a las entidades financieras "diálogo" con las familias y las plataformas.
 
"Necesitamos que alguien se siente con nosotros y realmente pueda firmar daciones en pago y alquileres sociales", ha señalado el portavoz de Stop Desahucios, quien ha criticado que empresas como las de "el capo", "Vito" --en referencia al empresario minero Victorino Alonso-- y otras que perciben fondos mineros hayan presentado ERE tras recibir subvenciones estatales "sin que el dinero aparezca".

Sin embargo, ha censurado que mientras gente como esos empresarios se llevan el dinero y no se les detiene por "robar a los españoles" a ellos se les arresta por entrar en entidades financieras y luego les reclaman "seis meses, un año" y 13.000 o 14.000 euros cuando están en paro y no pagan su casa.
 
"¿Qué está haciendo la Junta, gobernando de espaldas a los ciudadanos?", se ha preguntado Álvarez, quien ha cuestionado si los políticos sólo se dedican a percibir salarios. "Necesitamos políticos de verdad, que salgan a la calle y vean la situación de los ciudadanos, no necesitamos chupaculos ni políticos de mierda, sino que actúen en defensa de los ciudadanos", ha añadido.

Precisamente la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, se ha referido a esta movilización en un acto celebrado en Valladolid, donde ha afirmado que la Junta de Castilla y León entiende la situación de estas personas y ha defendido la implicación del Gobierno autonómico en las cuencas mineras.
 
Sin embargo, ha asegurado que hay que ver casos individuales, por lo que ha pedido a las personas en riesgo de desahucio y afectadas por esta situación llamen al 012 --teléfono de información de la Junta-- o se acerquen a los centros de acción social, los más próximos para ayudar, ya que de 1.500 casos atendidos en el servicios de ayuda a familias en riesgo de desahucio de la Junta el 90 por ciento se han solucionado con acuerdos de reestructuración de deuda, dación en pago o no lanzamiento.
 
Frente a la recomendación de la Junta, Juan Álvarez ha criticado el funcionamiento del 012, que ha asegurado que lo que hace son "informes a las entidades financieras, no a los ciudadanos".
 
"Las entidades financieras roban nuestras casas, exigen el pago de unas deudas inasumibles, les dejan en la calle, con una deuda de por vida y encima utilizan los servicios sociales de la Junta, llamado 012, para hacerles informes, que contraten a asistentes sociales y los hagan los propios bancos", ha dicho.
 
Además, ha censurado que las entidades sigan teniendo la "pasta" que les han robado porque terminan todos los años con beneficios y ellos con deudas. "El 012 no se si es un teléfono de emergencias o qué, no lo se porque no sirve para nada, las cosas que no sirven no se conocen", ha añadido.