Garoña, desenchufada

Tal y como anunció el pasado viernes el Consejo de Administración de Nuclenor, la Central Nuclear de Garoña se ha desacoplado de la red eléctrica a las 22.57 horas de este domingo. Se desvanece así la última esperanza de que la central nuclear mantuviese su actividad al menos hasta julio, fecha límite para la que contaba con autorización, después de que la empresa propietara renunciase a pedir una prórrora para continuar con su actividad. Desde esta medianoche, han comenzado así las operaciones para extraer el combustible del reactor antes de que acabe el año 2012 y trasladarlo a la piscina de almacenamiento.

A partir de ese momento, según han señalado fuentes de la empresa,  han comenzado los trabajos para la descarga del núcleo del reactor y la transferencia
del combustible a la piscina de almacenamiento que continuarán durante los próximos días. Todos los equipos y sistemas de la planta han actuado según
lo esperado sin ninguna incidencia reseñable, unas tareas que se han desarrollado según el programa previsto con total normalidad y de las que el Consejo
de Seguridad Nuclear ha sido informado en todo momento.

Las razones para que Nuclenor haya cesado en su actividad no son técnicas sino de calado económico ya que desde Nuclenor se asegura que la empresa entrará en pérdidas hasta llegar a un procedimiento concursal debido al nuevo impuesto que tramita el Gobierno, que será aprobado definitivamente esta semana y que supondría el pago de 153 millones de euros al año si se encuentra operando el 1 de enero de 2013.

En cualquier caso, el Consejo de Administración señalaba que el "cese definitivo" dejaría de serlo si se anula la tasa sobre el combustible de la planta.

La más antigua y pequeña de España

Garoña, que comenzó a funcionar en 1971 y es propiedad de Iberdrola y Endesa,  tiene permiso para seguir operando hasta el 6 de julio de 2013, en aplicación de una orden ministerial de cierre, aunque la empresa propietaria ha tenido ocasión de solicitar la anulación de esa orden y una prórroga hasta 2019.

Siempre por razones económicas, Nuclenor dejó pasar el plazo que había concedido el Gobierno actual para solicitar la prórroga, que finalizó el 6 de septiembre pasado, y tampoco aprovechó la posibilidad de pedir más tiempo para plantear esa solicitud, que expiró el 6 de octubre.

Entonces, el argumento de la empresa propietaria de Garoña era el elevado coste de las mejoras que debían llevar a cabo para seguir operando, según las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear, que se elevaba a más de 140 millones de euros, aunque sobre todo la incertidumbre sobre la aplicación de nuevas tasas e impuestos, agravada ahora por la tasa que tramita el Parlamento sobre el combustible de la planta.

La decisión fue duramente criticada por la Junta de Castilla y León que calificó de "caprichosa" la decisión de cerrar, después de que desde el Ejecutivo regional se apostase fuertemente por su continuidad y fuese, incluso, una de las "banderas" del PP durante la última campaña electoral a las autonómicas, donde los populares se comprometieron a dar marcha atrás en la decisión del Gobierno Zapatero de poner fecha al cierre de Garoña el próximo 6 de julio. Sin embargo, para que esta clausura no se produjera, Nuclenor tenía que haber solicitado una próroga que tampoco quiso pedir, argumentando entonces las dudas existentes en torno a la regulación energética.

La central de Garoña da empleo de forma directa e indirecta a unas mil personas del norte de Burgos que aún confían en que Nuclenor cambie de opinión, ya que la parada de este domingo es reversible, según han señalado fuentes de la compañía.