La Fiscalía pide el cese de actividades del PCTV

El documento, de  doscientos folios, recoge con detalle los antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos en los que se basa el Ministerio Público para ejercitar la acción prevista en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, describiendo, en primer lugar, las pruebas sobre las que se apoya e invocando posteriormente las causas de ilegalización que sostiene.

Las pruebas, obtenidas fundamentalmente a partir del registro efectuado por la Policía el pasado día 5 de octubre de 2007 en la sede social que el partido tenía en la localidad de Usúrbil (Guipúzcoa) ha permitido desvelar que existía una estrecha colaboración entre el PCTV y la organización ilegal Batasuna, que se extendía no sólo al ámbito de la actividad política sino también y, sobre todo, en el de la económica.

Así, en la demanda se recogen diversas pruebas que demuestran la relación habitual y el apoyo político que el partido demandado ha venido brindando a Batasuna, facilitando el local de su propia sede social para que  los miembros dirigentes de la Mesa Nacional de la organización ilegal mantuvieran reuniones periódicas en el mismo; poniendo a su disposición su capacidad de comunicación y presencia pública, incluso en el propio Parlamento Vasco a través del grupo que el partido demandado tiene en la Cámara; haciendo depender el contenido de sus decisiones políticas a las instrucciones y directrices concretas de los dirigentes del partido ilegal en diferentes temas relacionados con la actualidad del País Vasco. Ejemplo de ello es la estrategia a seguir en relación con la futura implantación del tren de alta velocidad, secundando y haciendo suyas las consignas dadas por la banda terrorista ETA para impedir que estas infraestructuras lleguen a ser realidad, asumiendo al respecto la campaña dirigida a imponer, mediante la intimidación y la coacción, el rechazo a su construcción.

Reuniones con Batasuna

A ello se une el estrecho contacto que ha existido entre representantes del partido demandado y de Batasuna, mediante sucesivas reuniones entre dirigentes de uno y otro partido para establecer estrategias políticas comunes. En este sentido, se describe en la demanda la reunión de la Mesa Nacional de Batasuna que tuvo lugar el pasado día 14 de septiembre de 2007 en la localidad de Salvatierra (Álava) y a la que asistió la portavoz del grupo parlamentario del partido demandado Nekane Eraustin, lo que revela la íntima conexión existente entre ambas formaciones políticas.

Igualmente, en los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil, tanto a instancia del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional como de la Fiscalía del Tribunal Supremo se describe con detalle cómo existía también un apoyo económico constante por parte del PCTV a la organización Batasuna. Así, entre la documentación hallada en el registro efectuado en Usúrbil se halló un documento, con fecha del 13 de junio de 2007, que establecía las pautas para la creación de una caja común o única que sirviera para centralizar los ingresos y gastos de todas las estructuras de la Izquierda Abertzale que englobaba tanto al PCTV como a ANV y también a Batasuna. Este sistema de caja común permitió que los ingresos públicos procedentes de las diferentes Administraciones por el concepto de remuneraciones de sus representantes en la Cámara Vasca o de subvenciones al partido pasaran a integrarse en esta caja única y de la misma salieran los fondos necesarios para abonar diferentes gastos realizados por los dirigentes de Batasuna en la organización de mítines y demás actos de difusión pública.

Igualmente, consta acreditado que, al menos, una relación de hasta 49 personas, todas ellas dirigentes de la Mesa Nacional o cualificados miembros de Batasuna, estuvieron contratados por el partido demandado como asalariados del mismo, figurando de alta en la Seguridad Social y percibiendo mensualmente unas cantidades por el concepto de nómina.

Igualmente, cuando tuvo lugar el pasado día 4 de octubre de 2007 la detención en la localidad de Segura de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, se ha podido comprobar cómo, procedentes de las cuentas del partido demandado, salieron hasta 21 transferencias de 27.000 euros cada una a otras tantas de las que eran titulares estas personas laboralmente contratadas por el PCTV o, entre los ejemplos de dicha estrecha conexión, también se ha podido determinar que a finales de diciembre del pasado año, también desde las cuentas bancarias del partido demandado se realizaron, a través de internet, hasta 19 operaciones de transferencia por importe total de 197.000 euros a las cuentas bancarias de otros nueve significados dirigentes de Batasuna localizadas en el extranjero, concretamente en Bélgica y Francia.

Tales datos, mencionados a título de ejemplo, han permitido demostrar la interrelación existente entre el PCTV y Batasuna hasta el punto de que el primero han venido sirviendo de instrumento tanto en el ámbito de la actividad política como, sobre todo, en el plano de la financiación sirviendo de sostén económico, no sólo a la propia organización ilegal sino también a relevantes dirigentes de la misma.

Por último, la Fiscalía también ha solicitado la adopción de las siguientes medidas cautelares: la suspensión de la actividad política del partido demandado, el cierre provisional de su sede y demás inmuebles que esté utilizando, prohibir la posibilidad de presentar candidaturas al proceso electoral convocado y el embargo de las cuentas bancarias y demás activos.