El diálogo entre los gobiernos de Uruguay y Argentina en Madrid para intentar destrabar el conflicto por las papeleras, fue postergado y no tiene fecha definida. En principio se manejó la fecha del 19 o 21 de marzo para el encuentro pero a pedido de Argentina fue pospuesto hasta abril y ahora, a solicitud uruguaya y por "problemas de agenda", la fecha probable sería mayo. Una nueva muestra de que ambos gobiernos mienten cuando dicen que quieren dialogar ya que a la hora de los papeles buscan excusas increíbles
La postura uruguaya ya fue comunicada al embajador español en la ONU, Juan Antonio Yañez Barnuevo, designado por el rey de España, Juan Carlos, como "facilitador" para acercar las partes, agrega.
Efe intentó confirmar el retraso del encuentro de Madrid en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Presidencia de la República, pero no fue posible ratificar la información.
El diplomático español culminó a finales de enero una ronda de contactos en Buenos Aires y Montevideo para fijar las bases que permitan reanudar el diálogo entre ambos gobiernos.
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ratificó en varias oportunidades que su administración está dispuesta a dialogar, pero que no retomará las negociaciones mientras permanezcan cortados los puentes sobre el río Uruguay que unen ambos países.
Grupos de vecinos de la provincia argentina de Entre Ríos bloquean desde el pasado mes de noviembre, como forma de protesta, el puente que une a la ciudad argentina de Gualeguychú con la uruguaya Fray Bentos.
De manera intermitente han sido bloqueados los puentes entre las argentinas Colón y Concordia con las uruguayas Paysandú y Salto.
Para el próximo fin de semana está previsto un bloqueo total y simultáneo de los tres puentes.
El gobierno argentino y los grupos de vecinos de Entre Ríos se oponen a la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos con el argumento de que causará daños al medio ambiente de la zona.
Las autoridades uruguayas y de la empresa rechazan ese argumento.
La planta, cuya construcción avanza, supondrá una inversión total de unos 1.200 millones de dólares.
El enfrentamiento, el peor en décadas entre ambos gobiernos, derivó en reclamos cruzados frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y de parte de Uruguay también en la interna del Mercosur, el bloque regional que integran ambos países Brasil, Paraguay y Venezuela
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