Para el PP-A las actas del Consejo de Gobierno "no son reservadas", al no incluir deliberaciones ni votos individuales

La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, ha asegurado que, según el artículo 30.3 de la Ley de Gobierno de Andalucía, las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno "no son reservadas", al no incluir deliberaciones ni votos individuales, por lo que, en su opinión, no está justificado que la Junta de Andalucía se niegue a enviar a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de los últimos diez años que la magistrada ha reclamado en un auto, en relación a las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).    En rueda de prensa, Soto ha precisado que en las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno lo que aparece son la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados, pero, en ningún caso, las deliberaciones realizadas, las opiniones vertidas o los votos individuales. "No se entiende por tanto la negativa de la Junta, que se podría justificar en que tenga algo que temer", ha añadido.    En esta línea, Soto ha considerado que lo que tiene que hacer el Gobierno andaluz es colaborar con la Justicia y entregarle toda la documentación que le sea requerida, "sin que la juez que lleva el caso se tenga que ver obligada a darle un ultimátum de 48 horas, como ya ha sucedido", ha señalado la 'popular', quien ha lamentado el "obstruccionismo" por parte de la Junta de Andalucía en el esclarecimiento de este fraude.    Asimismo, la portavoz regional del PP andaluz ha apuntado que la responsabilidad del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cada día es más obvia", por haberse trasladado la Intervención General de Hacienda "hasta en siete ocasiones", cuando era consejero de Economía y Hacienda, las irregularidades en el procedimiento de concesión de ayudas a empresas en crisis.    "Griñán ya no tiene refugio posible", ha afirmado Soto, quien ha destacado que el entonces consejero de Economía y Hacienda hizo "oídos sordos" y con su negligencia "contribuyó a que la trama de los ERE engordarse". "Tanto el Gobierno como el PSOE han demostrado su absoluta falta de transparencia, su ocultismo y su miedo", ha afirmado.    Sobre el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya decidido intervenir en este asunto, la dirigente 'popular' ha dicho esperar que ello suponga un "salto cualitativo" en la investigación y que se clarifiquen todas las cuestiones referentes a este asunto. "Esperamos que no haya una vuelta atrás a las pasadas recusaciones a la juez", ha señalado Soto, quien ha considerado que la Fiscalía tenía que haber actuado "desde el minuto uno por la trascendencia y el volumen de lo defraudado". IU PIDE QUE DEN LAS ACTAS Por su parte, el coordinador general de IULV-CA y portavoz en el Parlamento, Diego Valderas, ha exigido al Ejecutivo andaluz que levante el "secreto" de las actas del Consejo de Gobierno, porque la ley "se lo permite", y se las remita a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE).    En rueda de prensa en el Parlamento, Valderas ha indicado que espera que el Gobierno no esté "escondiendo" el conocimiento de los informes de la Intervención General de Hacienda sobre el proceso de concesión de ayudas sociolaborales cuando "niega" las actas completas a la juez.    La decisión de no remitirlas al juzgado, según el dirigente de IU-CA, supone "supone poner barreras para imposibilitar que la juez pueda alcanzar un conocimiento pleno de lo ocurrido en el Consejo de Gobierno" en relación con los ERE.    Asimismo, Valderas ha incidido en que si la ley permite al Ejecutivo levantar cualquier "secreto" de las actas, "por qué no lo hace" y ha recordado que lo que son secretas son las "deliberaciones" en el Consejo de Gobierno, "pero no las actas".    A su juicio, la petición de las actas de los Consejos de Gobierno supone que la juez "señala el lugar posible del delito" y de la "máxima responsabilidad política". "Pone el dedo en la llaga cuando señala al Consejo de Gobierno".    El dirigente de IU-CA ha indicado que el Ejecutivo "está obligado a no poner palos en las ruedas de la justicia" porque es necesario que se llegue "al fondo, caiga quien caiga".    Este asunto está evidenciando, según Diego Valderas, que el clima político andaluz cada vez está "más viciado", con lo que el único camino que queda es el adelanto de las elecciones autonómicas, que deben ser separadas de cualquier otro proceso electoral.    Ha anunciado que su partido planteará el adelanto electoral en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que está previsto que se celebre después de las elecciones municipales del 22 de mayo.    Diego Valderas ha mostrado su preocupación por que el asunto de los ERE lo "sepulta todo" e impide que se aborden en profundidad en el Parlamento otros asuntos que preocupan a los ciudadanos. De hecho, ha expresado que los plenos de la Cámara se están convirtiendo en una comisión de investigación sobre este asunto, ya que durante cuatro sesiones seguidas "ERE+ERE+ERE". Si el Gobierno hubiera permitido la creación de una comisión de investigación, según ha dicho, esto no habría ocurrido y los plenos se centrarían en otros asuntos de interés para Andalucía.