La Cámara en lo Penal Económico de Buenos Aires confirmó la resolución por "falta de mérito" (falta de pruebas) del magistrado Daniel Petrone que benefició a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, el primer funcionario cesado después de que estalló el escándalo en agosto de 2007.
Uberti fue considerado el "responsable político" del vuelo que trajo a Buenos Aires desde Caracas a Antonini Wilson, a quien la Justicia argentina acusa de "lavado de dinero", por lo que pidió su extradición a Estados Unidos, donde reside y colabora en una investigación judicial paralela.
El llamado "caso del maletín" causó un escándalo a fines de 2007, cuando en la investigación de un presunto espionaje de Venezuela un fiscal de Miami (EE.UU.) divulgó grabaciones de acusados que afirman que el dinero estaba destinado a la campaña electoral de la hoy presidenta argentina, Cristina Fernández.
La mandataria argentina se declaró víctima de una "operación basura" y otros miembros de su Gobierno hicieron duras críticas a EE.UU., lo que desató tensiones que las partes dieron por superadas a comienzos de este año.
Según informaron fuentes judiciales, la Cámara en lo Penal Económico también hizo lugar al pedido de la fiscal del caso, Luz Rivas Diez, para que se investigue el delito de contrabando además del de lavado de dinero.
Las leyes argentinas establecen penas de entre seis meses y ocho años de prisión para los casos de contrabando, mientras que el blanqueo de activos es castigado con entre seis meses y tres años de cárcel.
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